La provincia de Buenos Aires sigue siendo una de las principales víctimas del modelo económico impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei. En las últimas semanas, dos importantes empresas radicadas en territorio bonaerense —la alimenticia Molinos Río de la Plata y la química suiza Clariant— anunciaron despidos y cierres de plantas, en un contexto de fuerte retracción del consumo interno, apertura de importaciones y caída de la producción local.
El caso más alarmante es el de Clariant, que decidió cerrar definitivamente su planta ubicada en la ciudad de Zárate. Allí trabajaban 50 personas que quedarán sin empleo a raíz de una decisión que responde directamente a los lineamientos del nuevo esquema económico nacional: la empresa no dejará de operar en el país, sino que continuará comercializando sus productos… importados desde Brasil.
Es decir, se sustituye producción nacional por importaciones extranjeras, sin el menor compromiso con el empleo argentino ni con la industria local.
DE AFUERA, MÁS BARATO
Clariant elaboraba en Zárate insumos para sectores estratégicos como el cuidado personal, limpieza, agricultura, minería, textiles, pinturas y plásticos. Al dejar de producir en Argentina y traer todo desde el exterior, el golpe no es solo a los 50 trabajadores despedidos, sino también a una red de proveedores, transportistas y servicios que sostenían la actividad de la planta.
Esta es, en esencia, una postal de la política económica de Javier Milei: desindustrialización, pérdida de empleo y mayor dependencia del extranjero.
En simultáneo, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, la histórica Molinos Río de la Plata despidió a 10 operarios en el marco de un proceso de “reestructuración” que fue calificado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) como “ilegal, peligrosa y unilateral”.
PARO EN MOLINOS
Ante la ratificación de los despidos por parte de la empresa en una audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el gremio decretó un paro por tiempo indeterminado.
Según denunció la comisión interna de Molinos, no solo hubo despidos sin aviso ni acuerdo, sino también una serie de prácticas empresariales que vulneran derechos laborales básicos: reducción de salarios de forma compulsiva, eliminación de condiciones garantizadas en el convenio colectivo, sobrecarga física y mental del personal restante, y un deterioro preocupante en las normas de seguridad e higiene.
Tanto en el caso de Clariant como en el de Molinos, el denominador común es el mismo: el ajuste, la caída de la actividad industrial y la sustitución de producción nacional por importaciones, fenómenos promovidos por las políticas del gobierno de La Libertad Avanza.
Esas políticas impactan directamente sobre el tejido productivo y laboral bonaerense, dejando a cientos de familias sin ingresos y destruyendo empleos genuinos que se habían sostenido incluso en etapas de crisis previas.
El Ministerio de Trabajo bonaerense fue el ámbito donde se intentaron resolver los conflictos mediante el diálogo y la conciliación. Sin embargo, la firme decisión de las empresas de reducir personal y recortar costos, alentadas por un modelo económico que beneficia las importaciones por sobre la producción local, dejó a los trabajadores sin defensa frente a un mercado cada vez más hostil.
La situación en distritos como Zárate y Esteban Echeverría es un ejemplo de lo que se vive y se continuará viviendo en distintas localidades de la provincia. El deterioro del aparato productivo implica además de pérdida de puestos de trabajo, también la desarticulación de economías regionales, menor recaudación impositiva y mayor presión sobre las redes de contención social.
Bajo las promesas de libertad económica, en verdad lo que se está garantizando es libertad para despedir, importar, precarizar y cerrar plantas.
Y el precio de esa libertad, hasta ahora, lo están pagando, una vez más, los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
