El fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska contra la Argentina por la expropiación de YPF enfrenta dos obstáculos políticos y legales que, para el ex CEO de la petrolera, Pablo González, podrían trabar su ejecución: la participación accionaria de las provincias petroleras y la obligación de contar con dos tercios de los votos del Congreso Nacional para disponer de las acciones.
“La resolución que conocimos está mal direccionada porque no le puede ordenar al Estado argentino entregar algo que no está en su poder”, explicó González en una entrevista en Palabras más, palabras menos, por La Cielo 103.5 FM. Y apuntó directamente a las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), dueñas del 25% del paquete accionario de YPF desde la expropiación de 2012.
Según la Ley 26.741, sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras, el 51% de YPF quedó en manos del Estado: 26% para la Nación y 25% para las provincias. “Ese 25% que la jueza pretende que se le entregue al fondo buitre es propiedad de las provincias. Y yo no veo hasta ahora que los gobernadores hayan reaccionado”, advirtió González.
El Congreso puede sostener la soberanía de YPF
El segundo escollo es institucional. Para que el Estado argentino disponga de las acciones de YPF, se necesita la aprobación del Congreso con una mayoría calificada: dos tercios de ambas cámaras. Lo dice la propia Ley 26.741 en su artículo 8° y lo reconoce la jueza Preska en su fallo, aunque sugiere que el gobierno argentino podría buscar una autorización legislativa o alguna otra vía de negociación.
“Eso no es una cuestión menor. Para cualquier movimiento con las acciones se requiere ese aval parlamentario, y hoy con el Congreso fragmentado y sin mayorías sólidas, es políticamente inviable”, subrayó el ex CEO.
Además, González cuestionó los fundamentos jurídicos de la sentencia y el accionar de los fondos buitre. “Cuando el Estado argentino expropia, aplica una ley soberana que está por encima de los estatutos societarios de la empresa. Y la jueza debió haber resuelto con ley argentina, no con criterios extranjeros”, sostuvo. Recordó que en el juicio se presentaron peritajes de derecho argentino de ambas partes, pero que la jueza “no los tuvo en cuenta”.
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Buitres al acecho de la caída de YPF
Sobre la operación de los fondos buitre Burford y Eaton Capital, que compraron los derechos de litigio tras la quiebra de Petersen Energía en España, González fue contundente: “No había ninguna restricción que impidiera que le vendan esos derechos a fondos especulativos. Y esa es una de las trampas del sistema financiero internacional, que permite que estos fondos compren barato y después persigan a los estados”.
Hay que destacar que ayer el gobernador Axel Kicillof anunció que investigará los vínculos entre estos fondos y el presidente Javier Milei, a quien acusa de estar actuando estratégicamente a su favor en el marco de la disputa por la petrolera de bandera.
Para González, la recuperación de YPF en 2012 fue una decisión soberana y necesaria. “Había que desarrollar Vaca Muerta y la empresa estaba desinvertida. Por eso se expropió. Y se hizo con un respaldo político abrumador: en Diputados 208 votos a favor contra 32 y en Senadores 63 contra 3. Eso habla del consenso que tuvo esa medida en su momento”, concluyó.
La causa sigue su curso en Estados Unidos, pero los factores internos que señala González —las provincias y el Congreso— parecen ser, al menos por ahora, barreras decisivas para que el fallo se aplique como pretenden los fondos demandantes.
