La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión especial para el jueves 3 de abril a las 14 horas, con el fin de debatir los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La convocatoria se oficializó este miércoles mediante un decreto emitido por la Presidencia de la Cámara Alta.
Ambas postulaciones fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, que ya designó “en comisión” a García Mansilla, quien juró días atrás ante el máximo tribunal, generando controversia por el procedimiento. Lijo, por su parte, aún no asumió el cargo ni prestó juramento.
Según lo establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, los nombramientos en la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado en sesión pública y contar con el voto afirmativo de dos tercios de los senadores presentes.
La semana pasada, la comisión de Acuerdos del Senado emitió dos dictámenes en relación al pliego de García Mansilla. Uno fue firmado por los siete senadores del kirchnerismo, quienes lo respaldaron en disidencia, y otro por el radical Martín Lousteau, quien durante la reunión aclaró su rechazo pero cuya firma terminó computada a favor, acompañada por la senadora Guadalupe Tagliaferri. Así, se alcanzaron los nueve votos necesarios para conformar una orden del día, al igual que ocurrió previamente con el pliego de Lijo.
Desde el Frente de Todos explicaron que el objetivo de ese dictamen era evitar una instancia confusa en el recinto, como tener que tratar el rechazo de un rechazo. “Lo lógico era emitir un despacho favorable, dejar en claro la posición política y avanzar hacia el debate en el pleno del Senado”, argumentaron desde el bloque.
Más allá de las firmas que técnicamente habilitan el tratamiento en el recinto, tanto el kirchnerismo como Lousteau hicieron público su rechazo a ambos candidatos. Señalan que el Poder Ejecutivo actuó fuera de los márgenes institucionales al avanzar con las designaciones “en comisión” en el breve lapso entre el cierre de las sesiones extraordinarias y el inicio del período ordinario, cuando aún no se había resuelto el trámite legislativo.
En ese contexto, Villarruel optó por fijar la sesión para el 3 de abril, dilatando el tratamiento casi dos semanas respecto de lo que pedía el bloque peronista, que había solicitado debatir el 20 de marzo. “Con esto ganamos dos semanas”, señalaron desde su entorno.
A pesar de los dictámenes, en el oficialismo reconocen que, por el momento, los candidatos no tienen asegurados los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación. Mientras tanto, el Gobierno continuará con las negociaciones para intentar destrabar la situación en el recinto.
