Todo Cambiemos permanece en vilo, aunque con la oculta seguridad de que nada malo pasará, a la espera de un fallo de la Cámara Nacional Electoral que termine por zanjar el diferendo entre dos jueces federales de La Plata: por un lado, Ernesto Kreplak, que asegura que las denuncias por aportes truchos en las campañas del oficialismo son materia de la Justicia penal, y, por el otro, Adolfo Ziulu, quien subroga la competencia electoral de toda la Provincia y asegura que la causa debe tramitar en ese fuero.
La diferencia es sustancial: si se persiguen delitos penales, alguien puede terminar preso. Si se trata de infracciones electorales, a lo sumo pueden caber multas e inhabilitaciones. Tanto Kreplak como la fiscal Ana Russo consideran que la investigación iniciada a partir de una denuncia de la senadora kirchnerista María Teresa García involucra como hipótesis “la comisión de diversos tipos penales -identificados preliminarmente por las partes-, previstos a priori por el Código Penal” y por tanto “ajenos en principio a la legislación específicamente electoral y, por ende, a la competencia del juez electoral”. Esos delitos son nada menos que usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad.
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Claro que el furioso lobby del oficialismo, que ya ha demostrado ser muy probo para sacarse a la Justicia de encima y dirigirla contra sus adversarios, puede terminar con esas muy plausibles definiciones de Kreplak en el olvido. Primero le jugó unas fichas a la Cámara Federal, pero la definición del tribunal no fue del todo satisfactoria, a pesar de que se movían allí influencias.
Ahora, a la espera de la definición de la Cámara Nacional Electoral -que integran los jueces Alberto Dalla Vía y Ricardo Corcuera-, el Gobierno apela a influencers de segundo orden, a los que también tiene disciplinados. Se vio esto el último jueves, en la mesa de Animales Sueltos, el ciclo que conduce Alejandro Fantino por América TV. La emisión fue, a su manera, un resumen de las posiciones exacerbadas por las filiaciones políticas y la mala praxis periodística.
Hubo, entre los opinantes, algunas voces de periodistas especializadas en Justicia que, sin embargo, cayeron en la conclusión siempre a mano de los cultores de la moral selectiva, acusando de “kirchnerista” al Juez platense. Rara conclusión. Kreplak, se sabe, fue quien llevó adelante la investigación contra un reconocido empresario de medios de La Plata y quien ordenó su detención, una de las “banderas” del frente Cambiemos para –se jacta el oficialismo- “ir contra las mafias”. Kreplak sería, en ese contexto, un juez bastante particular: oficialista para articular investigaciones que levanta cómo bandera de cambio Cambiemos, pero, también, kirchnerista cuando se mete con el poder de turno.
Kreplak no sólo se metió con Balcedo, el empresario que fue socio -¿y mecenas?- de Unidad Ciudadana en las últimas elecciones –integró la oferta electoral del kirchnerismo con hombres de su máxima confianza-, sino que habilitó allanamientos nocturnos contra ex directivos de Telam de la época kirchnerista, muy relacionados con la Cámpora. Dicen los que conocieron esa historia, que hay mensajes amenazantes contra la figura del magistrado de parte de algunos integrantes de la organización cristikirchnerista, con una campaña de ataques “troll” pocas veces vista en la Ciudad de las Diagonales. Si Kreplak es K, esconde bien sus huellas.
Entre los argumentos para subestimar la investigación que lleva adelante el magistrado platense hubo, incluso, otro de verdulería: “lo hacen todos”. La versión aceptable del “roban pero hacen” que no sólo desnuda la doble moral con la que un sector del periodismo se planta frente a este tipo de episodios, sino que, peor aún, los emparenta directamente en el relato con los funcionarios del oficialismo que lo deslizan para defenderse.
Fue evidente el esfuerzo de uno de los panelistas con rótulo de periodista de investigación y firma en Clarín, por desacreditar los dichos de Alconada Mon, tanto como la incomodidad de otro furioso antikirchnerista, con aire en Radio Mitre, para atacar la figura de Kreplack. Tanto, que sus propios compañeros de panel, incluido el conductor de Animales Sueltos, los cruzaron con una aclaración obvia: “lo dijo Alconada Mon, no el Perro Verbitsky”.
Más allá de la letra de los lobistas, hay una realidad inocultable detrás del escándalo. Y en ese marco, el oficialismo tiene razones para preocuparse.
La primera es la presunción de que Ziulu, una vez resuelta la cuestión electoral del expediente, deberá observar y pedir que se investigue su pata penal, a riesgo de ser él mismo denunciado por el mal desempeño de sus funciones.
La segunda es la aparición de conexiones peligrosas, que ahora apuntan hacia funcionarios del Ministerio del Interior, como Lucas Delfino, a partir de la caída en desgracia de quien sería su contador -¿y recaudador?- Carlos Martinez, quien será llamado a indagatoria en las próximas horas. Martínez, advirtió el juez, asesoraba a una decena de aportantes que niegan haber puesto dinero en la campaña y que, por su perfil socioeconómico, no podrían haberlo hecho aunque quisiesen. De los 4.700 nombres que entregó Cambiemos, por lo menos 1.100 estarían en esa situación.
Los datos que complican a Martínez surgen de los movimientos de la cuenta de Cambiemos en el Banco de la Nación, sucursal 0016, donde fueron depositados, de manera personal, los aportes económicos a la campaña. Todos, incluso quienes residían a más de 500 kilómetros, se tomaron el trabajo de hacer la cola para dejar los billetes. Zunino ironizó al respecto en la mesa de Fantino: calculó que los aportantes deberían haber hecho una fila de cuatro cuadras durante largas horas.
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