Un escándalo sacude a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) ante la grave crisis financiera que atraviesa la obra social pública, luego de que se conozcan fondos pendientes de cobro por 11 mil millones de pesos que le corresponden al Gobierno Provincial por contribuciones vencidas de junio, julio y agosto de 2026, y se hayan frenado las intimaciones presentadas en septiembre para regularizar la situación.
A la situación crítica se suma el silencio público de la directora de activos de OSEF, Adriana Soria, y el vocal de los jubilados, Horacio Gallegos, quienes evitan hacer efectivas las intimaciones a la gestión de Gustavo Melella pese a que está en riesgo la atención de los trabajadores estatales y jubilados que representan.
Según una planilla publicada por El Diario Industrial, la Obra Social tiene poco más de 12 mil millones de pesos pendientes de cobro, de los cuales 11 mil millones corresponden al Gobierno Provincial, 410 millones a la municipalidad de Tolhuin, 406 millones a Vialidad Provincial y 166 millones al Concejo Deliberante de Tolhuim.
De la demanda al silencio, el llamativo cambio de Soria y Gallegos
Lo llamativo fue el cambio de postura que asumieron Soria y Gallegos en el último mes. En septiembre, ambos habían votado a favor de una resolución que declaró la urgencia para recuperar las deudas y dispuso intimaciones y acciones judiciales contra la administración provincial, que tenía cinco días hábiles para liquidar los saldos o presentar un plan de regularización. Ninguna de las dos cosas ocurrió, por lo que había que avanzar judicialmente dentro de los diez días hábiles.
La última acción de Soria fue la presentación de una nota formal el 10 de septiembre para exigir al Poder Judicial la intimación al Ejecutivo Provincial. En tanto que Gallegos impulsó dos mecanismos de cobro, uno administrativo y otro judicial. Pero cuando parecía todo encaminado para resolver la crisis financiera, los pagos no aparecieron y ambos funcionarios guardaron un profundo silencio.
Ahora los trabajadores y jubilados beneficiarios de OSEF demandan explicaciones respecto a cuánto dinero saldó el ejecutivo provincial, si es que lo hizo, y qué ocurrió con las intimaciones por vía judicial. Cabe señalar que para cobrar las obligaciones vencidas, la OSEF cuenta con la herramienta brindada por la Ley 1.627, que obliga al Banco de Tierra del Fuego a retener los importes adeudados sobre fondos provinciales de libre disponibilidad y transferirlos a la obra social dentro de las 24 horas.
Una aclaración que no realizaron Soria y Gallegos es si notificaron debidamente al Banco sobre las deudas que el Gobierno Provincial mantiene. Tampoco informaron si pudieron recuperar fondos mediante esa vía. Según la ley, las retenciones tienen prioridad y no pueden suspenderse ni postergarse por decisión administrativa.
Los prestadores arrastran deudas y amenazan con cortar la atención a OSEF
La situación mantiene en vilo a los beneficiarios de la obra social, que temen perder coberturas y atenciones, tanto en prestaciones médicas como en medicamentos. La crisis afecta particularmente a quienes llevan adelante tratamientos que podrían tener que comenzar a afrontar de su bolsillo.
Algunos prestadores comenzaron a reclamar públicamente a OSEF los pagos para sostener la atención. Es el caso de Reencontrándonos, cuya presidenta reclamó 417 millones de pesos por 35 tratamientos sin cobrar y denunció que la deuda impide tener al personal necesario para acompañar a los pacientes.
El tiempo pasó a ser una carga más. Mientras la deuda del Gobierno Provincial con OSEF no se regulariza, y los meses pasan, el riesgo de que se restrinjan tratamientos y se corten prestaciones para los afiliados aumenta, lo que podría derivar en una crisis sanitaria.
