A pesar de que ya cuenta con el aval del Senado, la llegada del juez federal Sergio Torres a la Suprema Corte de Justicia bonaerense no parece cosa juzgada. Ayer, el ex magistrado Luis Arias denunció que el candidato de María Eugenia Vidal para integrar el máximo tribunal consignó un domicilio trucho para responder a un requisito que le marca la Constitución.
Arias aseguró que Torres presentó una “información sumaria” ante el juzgado Civil y Comercial 16 de San Isidro, a cargo de María Teresa Petrone, manifestando que tiene “residencia habitual desde hace más de dos años de forma inmediata” en un domicilio del partido de Tigre. La idea era acreditar un periodo de residencia de más de dos años en la Provincia, que la Constitución establece como requisito para ingresar al Poder Judicial.
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El problema es que, según denunció Arias, el edificio emplazado en ese domicilio estaba en construcción para la fecha consignada por Torres. El nuevo miembro de la Corte, siempre según Arias, “citó como testigos a dos personas, que son quienes hicieron el desarrollo del edificio”, pero se trató de “una declaración falsa, porque no vive allí”. “Todas las constancias en el registro de las personas, en los registros electorales dicen que siempre votó en Capital Federal”, agregó.
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Esto había sido anticipado por este portal al momento de conocerse la postulación de Torres, lo cual no fue óbice para que sorteara la etapa de impugnaciones -a pesar de las presentaciones en ese sentido del Colegio de Abogados como la Asociación de Magistrados de La Plata- ni para que el Senado provincial le diera unánimemente su aval.
Pero al flamante Supremo bonaerense lo traicionó hasta Google: en la aplicación Street View se puede corroborar que en julio de 2017 el edificio –una torre de departamentos en una zona muy selecta del Tigre que cuenta con piscinas climatizadas, gimnasio, sala de reuniones y otras amenities-, estaba en plena obra.
Según el artículo 181, Torres tiene que acreditar dos años de residencia y las cuentas –como oportunamente consignó este portal- no dan. Lo curioso es que podría haber sorteado el problema aferrándose a la forzada interpretación del artículo 177 que hizo, ante el mismo caso, el procurador Julio Conte Grand.
Por todo esto, Arias les atribuye a Torres acciones ilícitaspor “aceptar el nombramiento sin que sea necesario la realización de actos que constituyan ejercicio de la autoridad”, con el agravante de haber incurrido en “falsedad ideológica” al consignar en un documento público datos que no serían ciertos.
Los delitos tipificados en el código penal son “instigación al falso testimonio”, “falsedad ideológica” y “falso testimonio”, según el documento al que accedió este portal.
La denuncia también alcanza al Poder Ejecutivo, que promocionó el nombre de Torres pero evitó difundir el dato de su domicilio, lo cual, a juicio de Arias, resulta sospechoso. Fuentes judiciales consultadas por INFOCIELO no descartaron que, si la causa avanza, se deba determinar también la posible responsabilidad de los senadores que, dejando sus banderías políticas de lado, avalaron unánimemente el pliego.
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