Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó un duro repudio y encabezó un pedido de informes para que el Gobierno Nacional detalle cómo se ejecutaron los recursos del fondo especial creado por el Decreto 238/2025. “Vetó la solidaridad, vetó la empatía, vetó el federalismo”, expresó la legisladora de Unión por la Patria, quien además se preguntó “con qué cara” el mandatario volverá a pisar la ciudad que sufrió una tragedia climática de enorme magnitud.
El Decreto 424/2025, firmado por el presidente Milei, vetó en su totalidad la Ley 27.790, que había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso con el objetivo de brindar asistencia directa a las familias damnificadas por el temporal y encarar la reconstrucción de la infraestructura afectada. La decisión presidencial se justificó en que ya se encuentra en ejecución un fondo especial que, según el oficialismo, atiende a los mismos beneficiarios que contemplaba la norma vetada.
Sin embargo, Tolosa Paz denunció que la ejecución de ese fondo se mantiene bajo “una opacidad absoluta” y reclamó mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Junto a más de veinte diputados y diputadas del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo remita en un plazo de diez días hábiles un informe detallado sobre el origen, destino, modalidad de asignación y mecanismos de control del Fondo Especial creado por el Decreto 238/2025.
“El Ejecutivo eligió vetar una ley aprobada por el Congreso, mientras gasta discrecionalmente y sin rendir cuentas. No hay equilibrio fiscal posible si no se sabe a quién se ayuda, cómo se decide y qué impacto tuvo cada peso del fondo”, señaló Tolosa Paz. El pedido incluye información sobre el detalle de los recursos presupuestarios asignados, los gastos ya efectuados, los beneficiarios institucionales o individuales y si el fondo transfirió recursos al municipio de Bahía Blanca.
Además, se exige que el Gobierno indique si hubo entregas de dinero en efectivo a personas físicas o jurídicas, y bajo qué criterios, así como una copia de los informes técnicos que sustentaron la creación del fondo y sus prioridades de gasto. El documento también requiere saber si el fondo fue utilizado para fines distintos a los establecidos originalmente, y qué áreas del Estado nacional intervinieron en la atención de la emergencia.
“La transparencia en el uso de los recursos públicos no es una opción, sino una obligación constitucional, y más aún cuando se trata de fondos que podrían haber sido aplicados —y no lo fueron— para atender una emergencia humanitaria como la vivida en Bahía Blanca”, sostiene el texto del proyecto, firmado también por Carlos Castagneto, Daniel Gollán, Santiago Cafiero, Mónica Litza, Sergio Palazzo y otros referentes del peronismo.
Un intendente kirchnerista demandó al gobierno de Javier Milei por el “abandono” de la Ruta 3
La presentación de una medida cautelar fue realizada por el jefe comunal de Azul, Nelson Sombra (Fuerza Patria) contra Vialidad Nacional y Corredores Viales.
En su publicación en redes sociales, Tolosa Paz apuntó contra las prioridades del gobierno de Milei: “No hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con represión. Basta de crueldad. Plata hay, ya se lo explicamos. Puede usar los ATN o los fondos liberados al eliminar la sobretasa del FMI. Pero usted elige rifarla para que siga el circo financiero”.
La emergencia en Bahía Blanca tuvo consecuencias devastadoras tanto a nivel humano como económico, con viviendas destruidas, servicios colapsados y una comunidad entera esperando respuestas concretas. En ese contexto, la polémica por el veto presidencial y el uso de fondos especiales amenaza con escalar, mientras la oposición exige explicaciones y reclama que el Congreso recupere su rol de contralor sobre el destino de los recursos públicos.
