La discusión por el llamado a una nueva licitación del elevador para la carga de granos en la Terminal del Puerto Quequén que había disparado un nuevo foco de conflicto con entidades rurales y cerealeras tendría ya un principio de entendimiento.
Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron a Infocielo que las autoridades del Puerto acordaron una prórroga con el actual concesionario “Terminal Quequén”, una sociedad anónima compuesta por ocho grupos que se reparten el paquete accionario entre agroexportadoras, entidades intermedias como productores y la Bolsa de Cereales.
“En abril se tendría que estar licitando” confiaron fuentes provinciales y remarcaron que la prórroga será solo por un año mientras se conformará una mesa técnica para abordar el nuevo marco licitatorio. Es que algunos sectores apostaban a una extensión por tres años para estirar el llamado a un cambio de gobierno pero finalmente aceptaron la propuesta provincial.
Así lo dejó de manifiesto José Martins, presidente de Terminal Quequén, y titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien reconoció que “No hacerlo – en referencia a aceptar la prórroga- sería faltarle el respeto a los trabajadores y a los productores”, dijo durante una entrevista realizada por Jorge Gómez a la emisora local “Voces de la ciudad”. “Esperamos que esta vez sí se trate de un pliego justo, ecuánime y razonable” completó.
En sus declaraciones, manifestó que hubiera preferido que no se licite y ponderó “el modelo Bahía Blanca”, basado en tiempos de prórroga más amplios a cambios de inversiones.
Terminal Quequén: “En la mesa hay más consensos”
Como advirtió tiempo atrás Infocielo, detrás de la exposición pública y las críticas hacia Axel Kicillof – se habló de una Junta de Granos- existe otra pelea silenciosa: la discusión económica entre exportadores y las entidades intermedias.“Es un sector muy complejo y hay una pelea por los márgenes de ganancias” señalan los analistas.
Esta vez se sentaron a la mesa no solo José Martins de la Bolsa de Cereales sino también Gustavo Idígoras, titular del Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) y dirigente de las Aceiteras.
Pese al consenso inicial, las negociaciones en la mesa técnica que liderará la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López y en la que participarán los distintos sectores representados no serán sencillas.
Uno de los puntos de controversia al momento de confeccionar el pliego será el del monto de las multas por inversiones comprometidas y no cumplidas.
Cabe recordar que el Gobierno provincial busca adaptar la nueva licitación a la normativa internacional dado que el actual marco regulatorio está basado en el modelo puerto de barranqueras (mueve 200 mil toneladas al año frente a Quequén que mueve 2,5 millones de toneladas por año).
Incluso el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez dijo tiempo atrás a Canal Rural, que únicamente se busca garantizar las condiciones de la competencia: “Nos proponemos fomentar la inversión, que mejore la productividad y que eso se transforme en una mejor tarifa para los usuarios que directa o indirectamente son los productores porque el exportador siempre le transfiere al productor”
“La única particularidad era que nos decían – por el grupo que haría la inversión- que querían la continuidad de la concesión por 30 años y nosotros planteamos que tiene que haber una licitación para que compitan aquellos que están interesados en la utilización de este elevador y tal vez hay alguien que está dispuesto a invertir 50 millones de dólares. Cuando haya más inversión va a haber mejora en productividad, reducción de costos para los productores. Es muy importante que haya un proceso licitatorio competitivo” destacó.
