La posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener un rol activo dentro de la llamada Seguridad interior, está cada vez más cerca.
El principal interesado es el gobierno nacional, algo que el propio presidente Mauricio Macri admitió hace poco en un acto militar al afirmar que las Fuerzas podrían dar “apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad, precisamente ante las denominadas “nuevas amenazas”, como el “terrorismo” y el narcotráfico.
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Así, se “liberarían” más fuerzas de seguridad –como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- para su uso en escenarios de conflicto social. Aunque claro, una vez legitimadas las Fuerzas Armadas al interior del país, estarían a solo un paso de que también patrullen las calles, como ya ocurrió en otros países.
Sin embargo, para que esto sea posible, el gobierno deberá encabezar la derogación del decreto 727/6 que enfatizó lo que ya mencionaban otras dos leyes: la ley nacional de Defensa de 1988 y la ley de Seguridad interior de 1991.
Es decir, el gobierno iría en contra de un marco jurídico sólido, consensuado en distintos gobiernos y épocas políticas. Nada menor.
El principal argumento que esgrimen los interesados –entre los que se anotan además de Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Oscar Aguad- es la de la llamada “nuevas amenazas”, que apunta contra el terrorismo y el narcotráfico, a las cuales las considerarían también “agresiones de origen externo”.
Pero la resolución 3314 de las Naciones Unidas ya establece que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”. Solo agresiones “entre Estados”, nada parecido a lo que propone el gobierno.
Pero en caso que la administración de Macri avance en esta –como ya vimos- polémica medida, las consecuencias podrían tener costos realmente graves.
MILITARES EN LAS CALLES
En los países donde las Fuerzas Armadas ya tomaron el rol de Seguridad interna en pos de combatir esas “nuevas amenazas” como el narcotráfico y “terrorismo”, la violencia no disminuyó, sino que se elevó a niveles jamás pensados.
El caso paradigmático es México. En solo diez años, el país cuenta con más de 30 mil desaparecidos, producto de una escalada de violencia protagonizada por las Fuerzas Armadas, paramilitares y narcotráfico.
Otro ejemplo es Brasil, en donde con diferentes excusas las Fuerzas se fueron alejando de su rol de defensa nacional, hasta copar las calles.
“Otorgar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las actividades antiterroristas- que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales, desvirtuaría el rol profesional de éstas y sería una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal”, sostienen desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), agregando que tampoco “está claro qué tipo de acciones y organizaciones serán las consideradas como terroristas”.
LAS POLÍTICAS DE MACRI CON LAS FFAA
Pero veamos cómo el gobierno de Macri avanzó en este sentido, a punto de ya sincerar su deseo para que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener el rol que supieron conseguir durante épocas realmente oscuras para nuestro país, en donde el “enemigo” era “interno”.
Tres han sido los ejes que caracterizaron las políticas de Defensa durante el gobierno de Cambiemos.
En primer lugar, se tomaron decisiones que debilitaron las diferencias entre la seguridad y la defensa.
Esto es central, ya que como antes se mencionó, hay dos leyes que delimitan el uso de Fuerzas Armadas para Defensa y las de Seguridad para los asuntos internos.
Por otro lado, existieron políticas que debilitaron la conducción de las Fuerzas en manos de un civil, tras la derogación del decreto de Alfonsín.
Y por último, el gobierno busca que los militares vuelvan a integrar tareas en la seguridad interior, con la excusa de generar “apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad; entre otros argumentos de poca consistencia.
Sobre esto, el CELS advierte que el presupuesto que el gobierno nacional le ha designado a las Fuerzas Armadas está cada vez más a la baja, irónicamente. Algo que no tampoco podría contrarrestarse con la adquisición de armamentos y tecnología nueva, ya que para el organismo, estas “son compras coherentes con la misión de seguridad interna que se le quiere asignar a los militares”.
Es decir, para el uso exclusivo de la represión interna.
“Esta voluntad de expandir las misiones de las Fuerzas Armadas es acompañada de una retórica que vincula al narcotráfico y al terrorismo con actores internos de muy diversa índole y que en el pasado ha sido funcional a la deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno. Esta decisión es especialmente preocupante en un contexto de creciente deterioro económico y conflictividad social y en vista a las respuestas estatales represivas precedentes”, alertó el CELS.
A pesar de la experiencia que nuestro país ha tenido con el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos internos, y también a pesar del marco jurídico que prohíbe su participación en tareas que se encargan las fuerzas de seguridad como la Gendarmería y Prefectura, el gobierno no parece oír y se encamina a instalar esta idea.
La propuesta no se da en un contexto político y social menor. La profundización del ajuste que se surgirá a partir de las exigencias que impondrá el Fondo Monetario Internacional y en el año en donde el país será anfitrión del G-20, generarán más y fuertes movilizaciones, cortes y escenarios de conflicto en las calles.
El uso de las Fuerzas Armadas es entonces, un signo claro de que el gobierno no dará marcha atrás con su plan económico.
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