Susana González y Ricardo Puglielli, diputados de Unión por la Patria, y María Belén Malaisi, del bloque UCR-Cambio Federal, presentaron proyectos de Declaración en la Cámara Baja de la Legislatura para repudiar el Decreto de Necesidad y Urgencia N°3402025 que firmó el presidente Javier Milei que amplía las actividades calificadas como “esenciales” advirtiendo que no pueden realizar ninguna medida gremial que detenga su funcionamiento.
“En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”, describe el decreto presidencial.
Para Susana González “Cabe considerar que la legislación argentina, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En el decreto repudiado se enumeran e incorporan actividades de forma explícita, lo que conlleva una limitación del principio de huelga flagrantemente anticonstitucional y que además colisiona con los principios del derecho internacional, conformando un atropello inadmisible a los derechos de los trabajadores. La garantía del derecho de huelga en la Constitución Nacional se encuentra consagrado expresamente en el artículo 14 bis”, aseguró.
El diputado Ricardo Puglielli, del mismo bloque peronistas, sostiene en su proyecto que el DNU “representa un grave retroceso en materia de derechos laborales, al limitar el ejercicio del derecho a huelga, vulnerando preceptos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. Bajo la apariencia de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el Poder Ejecutivo redefine de manera arbitraria sus límites y vulnera el equilibrio entre la protesta social y la prestación de servicios públicos”, afirmó.
La radical Malaisi destacó que “Con este DNU el trabajador de un servicio esencial será obligatorio garantizar el 75% de actividad normal, y si es un trabajador considerado “trascendental” el 50%, lo que constituye la eliminación de una herramienta que tienen todos los trabajadores de los estados democráticos de derechos para reclamar y peticionar lo que legítimamente les corresponde, no solo en materia salarial sino también en términos de precariedad o condiciones dignas de trabajo”, sostuvo y describió que “el derecho de huelga queda resumido a la nada misma, desnaturalizando el derecho del trabajador”.
Los servicios declarados por el Gobierno Nacional como esenciales son: El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial, la aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios, los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior, el transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin, la producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles, los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos, los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales, el control de tráfico aéreo y la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable y energía eléctrica.
Candidatos de la Tercera Sección pasaron por Infocielo: ¿Qué se juega en una región clave para la provincia?
Ayelen Rasquetti (Fuerza Patria), Fernando Pérez (Somos) y Mónica Scholotthauer (FIT) debatieron sobre las problemáticas que atraviesan a la provincia y las particularidades de la zona sur y el oeste del conurbano.
La medida lleva además de la firma de Milei, la adhesión de los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Adolfo Sturzenegger (Desregulación del Estado).
