En nombre de la austeridad y con la palabra “innecesario” como estandarte, el gobierno de Javier Milei avanza con la entrega –o liquidación, según cómo se lo mire– de la histórica Unidad turística de Chapadmalal ubicada dentro del Partido de General Pueyrredón a pocos kilómetros de Mar del Plata.
Un lugar emblemático construido por el peronismo, que por décadas permitió a miles de argentinos de bajos recursos conocer el mar, hoy es calificado por la administración libertaria como un gasto superfluo.
La motosierra ideológica vuelve a hacer de las suyas, esta vez con el supuesto fin de eliminar “gastos del Estado” que, casualmente, siempre parecen ser derechos de los sectores populares.
La definición se filtró a partir de un borrador interno que trascendió esta semana, donde desde el área de Turismo, Ambiente y Deportes del propio Ejecutivo se señala que tanto la Unidad Turística de Chapadmalal como la de Embalse, en Córdoba, son prescindibles. Una definición dura, deliberada, artera, que no sólo desvaloriza los complejos sino que deja entrever un castigo simbólico hacia todo lo que tenga tufillo a peronismo.
El procedimiento para quitar de la órbita estatal a la Unidad Turística de Chapadmalal quedará en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya recorrió las instalaciones y ahora se prepara para licitar su concesión o, directamente, su venta.
La semana próxima se oficializará el traspaso. Algo similar ocurrirá con su par, el complejo de Embalse, en Córdoba.
UN TÉRMINO QUE RESUME EL ESPÍRITU
La palabra clave, la que abrevia la mirada oficial, apareció en ese borrador filtrado días atrás y fue lapidaria: “innecesario”. Así, sin anestesia, el Ejecutivo tildó a Chapadmalal y Embalse con un término que suena más a sentencia ideológica que a diagnóstico técnico.
La simpleza brutal de ese adjetivo, que pretende cerrar décadas de historia con una sola palabra, parece haber sido el justificativo final para avanzar con una medida que desmantela un derecho y reescribe la memoria.
Según explicaron desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, la nueva etapa “generará miles de puestos de trabajo”, aunque esos empleos, vale aclarar, dependerán pura y exclusivamente de la inversión de privados.
Mientras tanto, el personal estatal en Chapadmalal se mantiene reducido: apenas unas 30 personas, esperando que la AABE envíe refuerzos para la seguridad del predio.
El argumento económico también se esgrimió: el complejo habría generado pérdidas por más de 10 millones de dólares anuales, cifra que en el último año se habría reducido a 1 millón. Pero lejos de verse como una inversión social, la estadía subvencionada de miles de argentinos se encuadra ahora como un derroche fiscal.
Desde el sector privado celebraron la decisión. La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica Argentina expresó su rechazo a que el Estado gestione hoteles y consideró que eso representaba “una competencia absolutamente desleal”. Un argumento que suena familiar y que, en otras épocas, ya se usó para justificar privatizaciones a mansalva.
MOTOSIERRA PARA POBRES
En medio del vaciamiento, quedan en pie –al menos por ahora– la Residencia Presidencial y el Museo Eva Perón que funciona dentro del predio. Aunque esta última colección será trasladada a la Quinta de San Vicente, como para no dejar rastros del pasado incómodo.
Porque de eso se trata, finalmente: de barrer todo vestigio de un país que alguna vez creyó que el turismo también podía ser un derecho.
Reacción del peronismo
La Secretaría de Turismo del Partido Justicialista expresó su rechazo al cierre y remate de las Unidades Turísticas de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba). Así lo expresó Emiliano Echeveste, a cargo de esa área del partido.
“Trabajaremos junto a las provincias e intendencias peronistas, en la creación de un consorcio que continúe posibilitando vacacionar a miles de niños, niñas, jubilados y familias de todo el país en ambos centros”, anticipó.
Y planteó que “el turismo social garantiza la igualdad del derecho al disfrute del tiempo libre a todos los habitantes, sin distinción de edad, condiciones sociales y económicas. Es nuestra responsabilidad como justicialistas trabajar en la defensa y en la promoción de acciones que aseguren la integración social, fortalezcan la diversidad cultural y el impacto positivo en la calidad de vida de nuestros habitantes”.
