Desde siempre, en la aprobación del Presupuesto de cada año, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a dictar la política salarial, “esa es una cláusula que siempre ha quedado establecida” en la norma, explicó el ex funcionario provincial, quien remarcó, además, que éste año, “se incluyó una autorización que habilita al Gobernador para ampliar el presupuesto, y comunicárselo a la Legislatura”.
Así lo estipula el artículo 22 de la Ley 14.062 -Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2010- al asegurar que “previa comunicación a la Legislatura Provincial, autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar el presupuesto de erogaciones, para gastos no previstos”.
La facultad delegada al Ejecutivo en ese punto, habilita al Gobernador a resolver una ampliación del presupuesto con sólo ‘una comunicación’ a la Legislatura, por lo que tampoco esa decisión complicaría el Plan B sciolista –que empieza a tomar forma de opción definitiva- evitándose que una vez más la minoría parlamentaria que ostenta el oficialismo haga naufragar la Ampliación Presupuestaria, esta vez “por decreto”.
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Según le dijo Otero a INFOCIELO, la ampliación del Presupuesto vía decreto, autorizado en la Ley madre, habilita al Gobernador incluso a “aumentar la Coparticipación a los Municipios”.
La complicación para avanzar en la ampliación ‘por decreto’ de la denominada Ley Madre, encuentra, sí, una traba en términos del financiamiento, ya que no puede el Ejecutivo autorizarse a sí mismo a ampliar el nivel de su endeudamiento, por lo que el Plan B del Gobierno bonaerense debería, obligadamente, eliminar ese permiso en el orden de los 1.600 Millones de pesos, como estipula el proyecto que disparó la polémica.
Así las cosas, de concretarse la posibilidad cada vez más cierta de que el Ejecutivo saltee la traba Legislativa vía decreto, debería la Provincia garantizar equilibrar las cuentas, ampliando, también, sus recursos. Y sin el Proyecto aprobado por la Ley que ahora analizan ‘retirar’, el Ejecutivo perdería el financiamiento de los 1.600 millones más que autorizaba la iniciativa para incrementar el endeudamiento.
Esa traba encuentra, por ahora, dos salvoconductos: a) la Provincia prevé recaudar más de lo que establece el Presupuesto 2010, con lo que generará más recursos genuinos; y b) Todavía no agotó la autorización que la norma le concede para generar más deuda, con lo que puede incluso seguir emitiendo bonos para garantizar el financiamiento.
El problema, en todo caso, reaparecerá cuando el Ejecutivo agote sus recursos y tenga que salir al mercado a buscar financiamiento, si es que la autorización de los $1.600 millones de pesos para ampliar el endeudamiento naufraga al retirar el proyecto. Una salida que de todas formas no garantizaba la tranquilidad de las cuentas públicas, toda vez que colocar bonos por esa cifra es, cuanto menos, una tarea complicada. Después de todo siempre está latente, la posibilidad de recurrir a la Nación para salvar el desfinanciamiento; un mangazo nada complicado en función del alineamiento del Gobierno Provincial con la Rosada y de la necesidad de ésta última de evitar cualquier situación de rojo fiscal en el principal distrito electoral del país, a meses de las elecciones.
