Mientras las primeras olas polares azotan gran parte del país y recrudecen las condiciones de vida de miles de personas, el Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva medida que profundiza su política de ajuste y desregulación: mediante un decreto, decidió trasladar a las provincias (y en consecuencia a los municipios) la responsabilidad de asistir a quienes se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo. Una decisión que se inscribe en la ya conocida “motosierra”, pero que, en un contexto de bajas temperaturas y sin un plan nacional alternativo visible, resulta ser bastante insensible.
El cambio fue oficializado este lunes a través del decreto 373/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica la Ley 27.654 sancionada en 2021. A partir de ahora, la asistencia quedará en manos de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el Estado nacional solo se reservará tareas de “supervisión, coordinación y eventualmente asistencia o financiamiento”. El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, había anticipado esta reforma días atrás en redes sociales, donde comunicó que “frente a la llegada del invierno, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ha promovido la modificación de la normativa de Situación de Calle”.
Según esa cartera, el objetivo de la modificación es “priorizar el abordaje territorial local, permitiendo de este modo que cada provincia y municipio, con mayor proximidad a sus habitantes, puedan asistir con eficacia y eficiencia a las personas que se encuentran en esta compleja situación”. El mismo escrito aclara que el Estado nacional “asumirá un rol activo de rectoría y coordinación”, sin brindar mayores detalles sobre el apoyo financiero real que brindará a las administraciones subnacionales.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno también apuntó contra las organizaciones sociales, al sostener que la ley vigente “hasta el momento prácticamente no había tenido ejecución, salvo en contadas ocasiones en las que, de manera discrecional, se otorgaban subsidios económicos a un número muy reducido de organizaciones”. La crítica, que refuerza la narrativa oficial de estigmatización a los movimientos sociales, omite señalar que fue el propio Estado nacional quien no implementó adecuadamente la normativa durante los años anteriores.
Entre los cambios concretos, el decreto establece que la nueva autoridad de aplicación será la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que actuará como órgano rector, encargándose de aprobar lineamientos generales. Su intervención directa, según el texto, será subsidiaria o complementaria, “a través de la asistencia a las jurisdicciones locales cuando estas no dispongan de los recursos presupuestarios o financieros necesarios”, siempre y cuando existan mecanismos de transparencia en el uso de los fondos.
Vivienda digna, también bajo responsabilidad local
Otra modificación sustancial es la referida al derecho al acceso a una vivienda digna, que según la ley de 2021 era responsabilidad del Estado nacional. Desde ahora, serán las provincias y la Ciudad de Buenos Aires quienes deberán “elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales”, según establece el nuevo decreto firmado por el presidente Javier Milei, la ministra Pettovello y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Mientras tanto, los municipios (último eslabón del Estado, ya sobrecargado y sin nuevos recursos asignados) deberán enfrentar una realidad cada vez más crítica con herramientas cada vez más limitadas. Todo, mientras la administración nacional parece desentenderse, sin mostrar un destino claro para los fondos que “ahorra” con estas delegaciones.
