Ni Daniel Sabsay, ni Antonio María Hernández, ni Pedro Caminos, ni Andrés Gil Domínguez. Por supuesto que tampoco Eduardo Barcesat, Roberto Gargarella, ni uno solo de los constitucionalistas de cualquier idea política o línea de pensamiento, pudo ser hallado por los medios de comunicación tradicionales, habitualmente alineados a las políticas liberales como la empresa La Nación, para justificar, aprobar o suscribir el desacertado bodoque jurídico publicado el miércoles en el Boletín Oficial por la administración del régimen de Javier Milei.
En la tarde del jueves la señal de noticias LN+ quiso obtener las precisiones de uno de ellos, acerca de la legalidad del ya histórico Decreto de Necesidad y Urgencia que cambia las reglas del juego democrático de un país en un abrir y cerrar de ojos.
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Fue así que el constitucionalista Alejandro Gil Domínguez, en diálogo con María Laura Santillán, tuvo conceptos extremadamente firmes y duros desde el punto de vista jurídico, para con el llamado “paquete de medidas” impuesto por el nuevo mandatario.
La señal de noticias del diario La Nación no consiguió el testimonio de ninguno de los más famosos constitucionalistas argentinos para que avale el DNU presentado por el régimen de Javier Milei
“Este DNU intenta imponer la suma del poder público“, expresó el jurista, además de descalificar el valor legal de lo presentado anoche en cadena nacional ‘como lo podría saber cualquier estudiante de colegio secundario‘, agregó.
Con claridad meridiana Gil Domínguez respondió cada pregunta de los periodistas de La Nación Más que intentaban licuar esa ilegalidad justificando en que ‘ya ha habido decretos similares y no se les falló en contra desde el Poder Judicial’.
ANTIRREPUBLICANO Y ANTIDEMOCRÁTICO
La aclaración del abogado especializado en la Carta Magna nacional fue que aquellos otros decretos eran por temas puntuales y no una especie de nueva normativa jurídica que deja al Congreso absolutamente de lado en el debate legislativo.
“El problema de este DNU es que intenta imponer una metodología que va en contra de la división de poderes, que va en contra de la república y del sistema democrático, e intenta que el poder ejecutivo tenga la facultad primigenia de legislar, que es una facultad dada por la Constitución al Congreso“, afirmó Alejandro Gil Domínguez.
“Imagínate que si esta metodología se impone ¿para qué va a existir el Congreso?”, agregó, como reafirmación de lo descabellada del decreto ómnibus.
“¿Por qué este en particular decís que va en contra del sistema?“, le consultó María Laura Santillán, para intentar sostener el relato de legalidad que desde esa señal corporativa quieren darle al decreto presentado por Milei.
“Porque éste implica una reformulación total del sistema jurídico argentino, y modifica normas que han sido discutidas, deliberadas y debatidas por la sociedad argentina y por el congreso durante mucho tiempo“, explicó el jurista.
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