A pesar de la cuarentena, el pasado sábado gran parte de la población del partido de Mar Chiquita salió a la ruta para manifestarse en contra de la ordenanza que el Concejo Deliberante local aprobó y que habilita a fumigar a solo 150 metros de zonas pobladas.
Se trata de una de las legislaciones más permisivas para las fumigaciones utilizadas en la producción agropecuaria que se hayan visto hasta ahora, algo que además se votó de forma exprés y a las espaldas de un sector de la comunidad que ya venía advirtiendo sobre las consecuencias que genera los diferentes agroquímicos en la salud humana.
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También, hubo una polémica en cuanto a la legalidad de la ordenanza que se aprobó por unanimidad por el HCD local, ya que aseguran “va en contra” de un fallo que emitió el Juzgado Nº 15 de Mar del Plata y que especificaba que solo se podrían aplicar pulverizaciones “a 1.500 metros de zonas pobladas y cursos de agua”.
Pero una vez aprobada, la comunidad salió a la ruta a manifestarse y se tomó de su última carta: pedir que el intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) vetara la ordenanza.
Sin embargo, el jefe comunal anunció para este medio que no vetará lo aprobado y sembró aún más la polémica en Mar Chiquita. “La ordenanza se basó en muchas consultas a expertos e incluso tuvo el aval de la justicia. Asique a mi juicio voy a respetar lo que aprobó el Concejo”, le dijo Paredi a INFOCIELO.
El intendente aseguró que “no existe ningún riesgo a la población” porque se tomaron “todos los recaudos” para que las fumigaciones se realicen de forma correcta. Al mismo tiempo, consideró que las protestas en contra de la ordenanza nacen de un “un grupo” y no representan a toda la población.
“Es un grupo, pero hay que respetar a la gente que piensa lo contrario”, explicó Paredi, pese a que el pasado sábado se observaron 3 kilómetros de automóviles que salieron a la ruta pidiendo que el intendente vetara la ordenanza.
Por su parte, las organizaciones ambientales aseguran que se sienten “indefensos como ciudadanos” y que no se sienten representados “por ninguno de los concejales” que aprobaron la ordenanza. Es que, tanto oficialistas como opositores no tuvieron ninguna grieta a la hora de aprobar la ordenanza.
“Sería tristísimo que el intendente haya decidido algo en relación al tema y que un conductor como Paredi no se haya animado a comunicar esa decisión a su propio pueblo, cuando sabe que la principal preocupación de la gente es la salud pública”, explicaron desde la Asamblea Paremos el Desierto Verde.
En todo caso, los vecinos quieren llegar a las autoridades nacionales y provinciales para que interceden en esta situación. Hace poco, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, sorprendió con declaraciones respecto a las consecuencias de las fumigaciones.
“Ese glifosato, o veneno, como quieran llamarlo, contamina las capas freáticas, se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales, se fumiga en los centros urbanos. Hay muertes producto del glifosato. Si hiciéramos un estudio sobre los niveles de glifosato en sangre, nos alarmaríamos fuertemente, al igual de que si hiciéramos un estudio del nivel glifosato en los alimentos”. manifestó en una exposición del Senado de la Nación.
El intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi.
“LOS CONCEJALES PUDIERON HABER SIDO PRESIONADOS”
Los concejales se valieron de un artilugio que con el correr de las horas, parece cada vez más frágil. Sucede que en diciembre pasado, el Juzgado Nº 15 de Mar del Plata estableció que las fumigaciones en el partido de Mar Chiquita se debían efectuar en un radio de 1.500 metros, coincidente con otros fallos, como el histórico de Pergamino.
A su vez, le exigió a Concejo Deliberante local que efectúe una ordenanza propia para regular las fumigaciones. Al mismo tiempo, le pidió un informe de impacto ambiental a dos campos pertenecientes a la empresa Surcos.
La misma empresa presentó un informe que para el Juzgado “carecía de elementos” factibles para determinar si se había contaminado o no. Los ambientalistas explicaron que la empresa utilizó un determinado tipo de agroquímicos y midió otros.
Sin embargo, con el impacto de la cuarentena, un segundo juez de la causa, el juez Colángelo, les permitió a los dos campos linderos a la ruta 11, poder fumigar hasta que finalice la campaña de cosecha. Eso, puntualmente, fue lo que utilizó el Concejo Deliberante para considerar que la justicia había dado el visto bueno para las fumigaciones.
“Ahora bien, la ordenanza que aprobó el HCD (oficialistas y opositores) se basó en la supuesta ´morigeración del fallo del juez Colángelo´, algo que en términos jurídicos no fue así porque en realidad el juez nunca volvió para atrás la medida, solo permitió por excepción hacerlo con un solo campo hasta que termine su producción”, le contó a este medio, Verónica, de la Asamblea Paremos el Desierto Verde.
En resumen, los ambientalistas tienen en claro que los concejales solo escucharon la voz de los productores e incluso dudan de que hayan “podido ser presionados”.
Lo cierto es que esta ordenanza todavía no fue notificada al juez y hay duda sobre qué es la posición que podría tomar el juez en esta situación. En caso de que el Juzgado considere que lo aprobado desconoce todo lo anterior, el HCD local quedará todavía más en duda.
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