Afiliados de IOMA de la ciudad de Navarro lograron una cautelar que obliga a la obra social a prestar cobertura de salud en las mismas condiciones que regían antes de la ruptura del convenio con FEMEBA. La medida, que inicialmente alcanza a dos afiliados y sus grupo familiares, podría sentar precedente dentro de los conflictos que suceden en 20 municipios.
Así lo resolvió la Jueza de Paz de Navarro, quien hizo lugar a la presentación de una docente jubilada y un bombero voluntario. En la localidad, la mutual estatal decidió prescindir del intermediario y acordó un convenio directo con el municipio, a cargo del intendente camporista Facundo Diz, para centralizar la atención en el Hospital Municipal San Antonio de Padua, algo que generó el rechazo y movilizaciones masivas de los afiliados. La situación derivó en un escándalo político y el actual Jefe Comunal quedó contra la cuerdas al aprobarse en el HCD una comisión investigadora para estudiar la letra chica del acuerdo firmado por el municipio y el IOMA.
En la presentación judicial, los demandantes afirmaron que “se sienten damnificados por la disminución de la cobertura que el nuevo convenio produce ya que se trata de un hospital municipal de baja complejidad, con limitaciones para proveer de los mismos servicios que contaban anteriormente los afiliados” explicaron.
Para ellos, la imposibilidad de no contar “con los servicios de clínicas y/o sanatorios y/o centros de laboratorios y/o centros de estudios de alta complejidad con las que cuentan el resto de los afiliados de IOMA en la provincia” constituye un “acto discriminatorio” por parte de la mutual que preside Homero Giles.
Además cuestionan el nivel actual de atención “el aporte que realizan como cualquier otro afiliado de IOMA no se ve reflejado en el servicio que IOMA prestaría a través de la Municipalidad de Navarro” dicen y entienden que la obra social está causando un daño inconmensurable en forma actual respecto de los afilaidos de Navarro y potencialmente peligroso, lo que implicaría una discriminación negativa a sus derechos” advierten.
Medida cautelar: los motivos por los que la Justicia falló en favor de los afiliados de IOMA
Como medida precautoria, la jueza priorizó “razones de urgencia vinculadas al derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la libre elección del médico”.
“En el caso bajo análisis los actores comparten una situación de incertidumbre y preocupación con muchos otros individuos afectados en el Partido de Navarro . No puedo obviar -como habitante de Navarro- que es de conocimiento público los reclamos realizados por los afectados con relación a la medida de IOMA a través de marchas, entrevistas en medios locales, publicaciones en periódicos locales, campaña de recolección de firmas , avisos en e los distintos medios de comunicación locales, redes” contextualizó la magistrada.
Y completa: “Es un reclamo generalizado de toda la comunidad que incluye tanto a personas con problemas de salud y bajo tratamiento , parturientas, jubilados sin cobertura, como otras que se sienten agraviadas por la posible afectación en lo inmediato, ya que nunca sabemos en qué momento en nuestras vidas puede verse afectada nuestra salud”.
En ese marco, la Jueza de Paz de Navarro consideró que “las razones esgrimidas por los actores para plantear el reclamo ante la justicia son sólidas y contundentes” ya que “la decisión unilateral y precipitada de IOMA afecta directamente su derecho a la salud. Esta situación de incertidumbre, de disminución de la cobertura de la cual gozaban, su derecho coartado de elegir libremente un profesional de confianza son motivos suficientes para el dictado de una cautelar en protección de los derechos afectados” advirtió.
Tras citar y repasar normas constitucionales -nacionales y provinciales – convencionales legales y jurisprudencia, el magistrado hizo lugar al pedido de los demandantes y libró un oficio a las autoridades del IOMA para notificarlos de la determinación.
El caso abre la instancia de judicialización y anticipa presentaciones similares en numerosos municipios en las prestaciones se vieron reducidas por la ruptura de convenio y la dilatación de acuerdos alternativos que garanticen la normal atención de los afiliados.
