La Justicia ordenó un nuevo conjunto de medidas cautelares sobre bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad y alcanzó, entre otros inmuebles, al departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Giorini y Andrés Basso, en el marco de la segunda etapa de ejecución patrimonial de la condena. El objetivo de las medidas es preservar los activos que eventualmente podrían ser decomisados para afrontar el perjuicio económico fijado en la sentencia, estimado en $685.000 millones.
El inmueble de San José 1111 pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. Igualmente, el embargo dispuesto por el tribunal tiene un carácter preventivo y cautelar: no implica por el momento la subasta del departamento, uno cambio definitivo en su titularidad ni obliga a Cristina Kirchner a abandonar la vivienda donde cumple su condena.
Según explicaron los magistrados, las medidas buscan garantizar la “indisponibilidad jurídica” de los bienes mientras continúa el proceso para determinar cuáles serán alcanzados de manera definitiva por el decomiso. De esta manera, los propietarios no pueden disponer libremente de los activos mientras se resuelve su situación dentro de la ejecución de la sentencia.
Una segunda etapa de decomisos
El nuevo embargo se produce mientras la Corte Suprema de Justicia analiza los recursos vinculados con una primera etapa de decomisos. En esa instancia habían quedado comprendidas 111 propiedades: 20 relacionadas con la familia Kirchner, 85 pertenecientes a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis correspondientes al resto de los condenados.
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado ese criterio y ordenado avanzar con los bienes, pero Cristina Kirchner y Lázaro Báez recurrieron la decisión. Por ese motivo, la definición sobre ese primer conjunto de activos quedó en manos del máximo tribunal.
En paralelo, el TOF 2 comenzó a avanzar sobre una segunda tanda, integrada por 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades. Dentro de este nuevo conjunto también fueron incluidos más de cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Los fundamentos del tribunal
Para justificar la extensión de las medidas cautelares a bienes vinculados con la familia Kirchner, el TOF 2 se apoyó en las conclusiones de la sentencia condenatoria de la causa Vialidad.
Según el criterio expuesto por los jueces, la maniobra relacionada con la adjudicación de obra pública produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner. El tribunal sostuvo que entre 2003 y 2015 existió una relación económica y comercial entre las empresas vinculadas al empresario y los negocios de la familia.
En ese período, compañías relacionadas con Báez alquilaron propiedades pertenecientes a los Kirchner, explotaron establecimientos turísticos y realizaron emprendimientos en hoteles e inmuebles vinculados con Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
A partir de esas operaciones, los magistrados consideraron que parte del dinero proveniente del delito investigado pudo haber circulado y quedado incorporado a los activos de esas sociedades. Por ese motivo, sostuvieron que el proceso de decomiso puede alcanzar bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015.
La resolución también menciona el artículo 23 del Código Penal, que contempla la posibilidad de alcanzar bienes o participaciones de personas jurídicas que hayan obtenido beneficios derivados de un delito. En ese marco, los jueces señalaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur permanecen embargadas desde 2017.
Qué otros bienes quedaron alcanzados
El nuevo conjunto de medidas cautelares no se limita al departamento de Constitución. También incluye distintos inmuebles vinculados con los condenados y con la familia Kirchner.
Entre ellos aparecen propiedades ubicadas en el complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires. El listado contempla un dúplex, cinco cocheras, otro departamento, dos cocheras y una baulera. Según la información incorporada a la resolución, algunos de esos inmuebles tuvieron como inquilino al empresario Cristóbal López.
En Santa Cruz, las medidas alcanzan terrenos e inmuebles ubicados en El Calafate, entre ellos el terreno correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén. También fueron incluidos distintos bienes ubicados en Río Gallegos, entre ellos el chalet de la familia Kirchner sobre la costanera y propiedades situadas en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.
El conjunto de bienes queda así sujeto a medidas destinadas a evitar que puedan ser vendidos, transferidos, gravados o de algún modo sustraídos del alcance de una eventual ejecución patrimonial.
La situación del departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, queda por ahora dentro de ese esquema preventivo. Su embargo no supone un decomiso definitivo ni modifica las condiciones actuales de la prisión domiciliaria, pero incorpora formalmente el inmueble al proceso de ejecución patrimonial que lleva adelante el TOF 2.
Mientras la Corte Suprema debe resolver los planteos relacionados con la primera tanda de bienes, el tribunal oral continúa con el análisis de los activos incluidos en esta segunda etapa, con el objetivo de preservar su disponibilidad hasta determinar cuáles deberán ser finalmente decomisados para cumplir con la condena económica establecida en la causa Vialidad.
