Las bajas temperaturas en la provincia de Buenos Aires obliga a encender las estufas, prender hornallas y buscar alternativas para mantener los hogares cálidos, mientras el territorio bonaerense le hace frente al frío lo que no se congelan son las tarifas, con un medidor que empieza a girar sin pausa. En medio de un invierno crudo, aumentan las quejas sobre los precios de los servicios que llegan con tarifas difíciles de afrontar y la inminente quita de subsidios clave.
En este escenario crítico, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires salió a cruzar duramente el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso. De aprobarse sin modificaciones, la iniciativa derogará el beneficio automático del régimen de Zona Fría en 78 municipios bonaerenses, dejando desprotegidos a más de tres millones de hogares en toda la provincia.
La trampa de los números: salarios clavados y tarifas por las nubes
El ahogo económico que sufren las familias no es casual, sino el resultado directo de una política tarifaria que corrió bastante más rápido que los sueldos. Desde el organismo de control provincial señalan que la brecha se volvió insostenible para la clase media y los sectores de menores recursos.
“Los aumentos surgen por la enorme distorsión existente entre el incremento de ingresos de 2024/2026, de un 141 por ciento el promedio, y el ‘sinceramiento de las tarifas’ que el Gobierno determinó a través de la modificación del índice mensual de actualización, que siempre fue por encima de los salarios y por encima del propio IPC”, advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello en diálogo con INFOCIELO.
La magnitud del ajuste tarifario se refleja de manera dramática en las boletas cotidianas. Un usuario promedio de energía eléctrica sufrió incrementos superiores al 450 por ciento , mientras que en el caso del gas de red el disparo alcanzó un estrepitoso 700 por ciento, todo esto sin computar todavía el mayor consumo propio del invierno. De concretarse la eliminación del beneficio de Zona Fría, las facturas de gas recibirán un impacto de un 50 por ciento de aumento adicional sobre los valores ya abultados.
Un recorte encubierto en pleno pico de invierno
El beneficio de Zona Fría —ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637— consagraba un descuento general del 30 por ciento y de hasta el 50 por ciento para sectores vulnerables sobre el componente gas de la factura. Con la iniciativa del oficialismo Nacional, la cobertura del subsidio universal quedará reservada exclusivamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
Para el resto del mapa bonaerense, el beneficio automático desaparece. La norma proyectada obliga a que cada hogar demuestre individualmente su condición de vulnerabilidad a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para no perder la asistencia, dejando además la cuantía final del descuento librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
“Este proyecto convierte un derecho adquirido en una prestación condicional, sujeta a que los hogares demuestren su vulnerabilidad socio-económica. Eso no es una reforma: es un recorte encubierto con la única consigna de seguir alimentando un superávit fiscal artificial”, expresó Martello.
El funcionario remarcó que la delegación de facultades al Ejecutivo para fijar los montos viola el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en el país, exponiendo a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los sectores más débiles.
El drama de la garrafa: el gas envasado fuera del alcance popular
La crisis no afecta únicamente a las localidades con tendido de red. En el cordón periurbano y en vastas zonas del interior bonaerense donde la red de gas natural es aún una promesa postergada, el calefaccionado y la cocción dependen exclusivamente de la garrafa de 10 kilos, un terreno donde la brecha entre la ayuda oficial y los precios reales de mercado roza lo absurdo.
Respecto a lo que era el Programa Hogar o la garrafa social, Martello fue contundente sobre la pérdida de contención estatal, “solo se reconoce un valor de $9.300, lo cual está muy alejado del valor de mercado de esas garrafas de 10 kg, que hoy se venden cerca de los $27.000”. Esta diferencia obliga a las familias vulnerables a destinar proporciones alarmantes de sus ingresos diarios solo para no congelarse.
El reclamo legislativo para frenar el ajuste
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Congreso a rechazar de plano los artículos del proyecto que eliminan el beneficio universal para las zonas ampliadas de la Provincia. Desde el organismo sostienen que cualquier reforma sobre el régimen energético debe fijar por ley montos mínimos garantizados, criterios transparentes de inclusión y organismos de control competentes, garantizando que el acceso al calor en los meses más fríos del año no sea tratado como un lujo reservado para unos pocos.
