Tras la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación donde el debate por los derechos de las personas con discapacidad ocupó el centro de la escena tras la votación y aprobación de gran parte del articulado de la antigua ley de emergencia, aunque despojándose de ese rótulo formal, la periodista e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Verónica González hizo su propio análisis en los estudios de LA CIELO.
Durante la emisión del programa “Palabras más, palabras menos” conducido por Albino Aguirre y Nuria González Rouco, la especialista explicó que “es una ley que recoge mucho de lo que ya estaba en la ley de emergencia en discapacidad sacándole el rótulo de emergencia”. Por ende, a pesar del apoyo unánime que recibió la iniciativa en la votación general por parte de todos los bloques, la preocupación central gira en torno a la asignación presupuestaria y a la voluntad del Gobierno nacional para reglamentarla. “A mí lo que me preocupa es en qué medida esto se va a cumplir porque la ley de emergencia está vigente hasta el 31 de diciembre y hay varias cosas que no se cumplen”, advirtió González. En ese sentido, remarcó la incertidumbre que reina tras la sanción legislativa, “hay que asignar las partidas presupuestarias para cumplir con esto, porque la gran duda es saber si Milei la va a promulgar”.
La reformulación de las pensiones y la trampa del mercado laboral
Uno de los ejes más debatidos del proyecto radica en la convivencia entre la pensión no contributiva por invalidez laboral y la nueva pensión para la protección social de las personas con discapacidad. González cuestionó el concepto tradicional de invalidez laboral, señalando la inconstitucionalidad de los criterios históricos exigidos por el Estado. “Pensar que una persona tiene incapacidad laboral es cuanto menos estigmatizante; muchas personas piden la pensión porque el mercado laboral es expulsivo, no porque no puedan trabajar”, sostuvo la referente de REDI.
Frente a las versiones maliciosas que intentaron instalar que los beneficiarios buscan cobrar sin trabajar, la especialista dejó en claro los requisitos incorporados para resguardar la compatibilidad con el empleo formal. “No es que cualquiera va a cobrar una pensión y trabajar, es para quienes tienen un trabajo y cobran menos de dos salarios mínimos”, aclaró. Asimismo, rechazó la estigmatización sobre el volumen total de prestaciones otorgadas en el país, “hay alrededor de 1.200.000 pensiones, pero hay más de 6 millones de personas con discapacidad y el 80% sin empleo; si hacés números no son muchas”. “Nosotros no queremos pensiones, queremos que la gente trabaje y que el Estado cumpla con el cupo laboral”, enfatizó.
El congelamiento de trámites y la parálisis de las 800.000 solicitudes
La gravedad de la coyuntura quedó al descubierto tras revelarse las cifras oficiales obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública. Según detalló González, a finales de 2023 existían 600.000 trámites de pensión iniciados a los que se sumaron otros 200.000 pedidos en los últimos meses, alcanzando un universo de 800.000 personas en espera. Sin embargo, la respuesta estatal durante la presente gestión fue drásticamente acotada. “De las 800.000 solicitudes otorgaron 6.225 nada más en todo este período, el Estado ni siquiera las revisa ni las resuelve”, denunció la periodista.
A esta parálisis burocrática se suma el ahogo económico sobre los montos percibidos por los beneficiarios y por los trabajadores de talleres protegidos de producción. La pensión equivale al 70 por ciento de la jubilación mínima, situándose cerca de los 350.000 pesos con bono incluido. “Nadie vive con eso, es para garantizar cierto acceso a apoyos, transporte y tecnología que necesitamos para la vida cotidiana”, explicó. En paralelo, la asignación estímulo para talleres protegidos —que representa el 40 por ciento del salario mínimo— quedó desfasada tras los últimos aumentos de la pauta salarial. “La última vez lo actualizaron por resolución pero después no sacaron las resoluciones para los dos últimos aumentos, entonces la gente no la está cobrando”, detalló.
La eliminación del nomenclador y el sesgo de improductividad
El aspecto más crítico hacia el futuro inmediato se focaliza en el proyecto de presupuesto nacional, donde se proyecta la eliminación del nomenclador de prestaciones básicas. Para González, suspender este arancel estándar rompe la equidad en el sistema de salud. “La eliminación del nomenclador tiene que ver con que vas a tener que negociar con tu prestador de salud qué monto fija para cada terapia; el que fija el monto más bajo no va a tener acceso a nada”, alertó. La pérdida de este valor de referencia golpea de lleno a profesionales y acompañantes terapéuticos, cuyos honorarios rozan actualmente los 6.000 pesos por hora.
Por último, la cronista y activista reflexionó sobre los prejuicios sociales que persisten al momento de la contratación privada. “Hay una gran presunción de improductividad todavía que recae sobre las personas con discapacidad; si te van a contratar a vos o a mí, por más que vos tengas menos formación que yo, seguro te van a contratar a vos”, expresó en diálogo con los conductores. Con el proyecto aprobado en el Senado pero con las partidas presupuestarias en suspenso, la comunidad de personas con discapacidad se mantiene en alerta a la espera de definiciones ejecutivas.


