La provincia de Santa Fe ya tiene una nueva ley de seguridad. La Legislatura sancionó definitivamente la denominada Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una iniciativa promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro que introduce cambios en distintas áreas del sistema de seguridad y justicia.
La aprobación se concretó este jueves en la Cámara de Senadores, que dio el visto bueno al texto luego de las modificaciones incorporadas por Diputados. De esta manera, el proyecto completó su recorrido legislativo, tras haber obtenido media sanción el pasado 5 de noviembre.
La normativa establece modificaciones en cinco leyes provinciales: el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia, la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito y el Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y Fondo de Recompensas.
Qué cambia con la nueva ley de seguridad
El paquete de medidas busca ampliar las herramientas del Estado para combatir el delito, mejorar las investigaciones penales y fortalecer las estrategias de prevención.
Entre sus principales objetivos también aparecen la protección de víctimas y testigos, la intervención estatal ante situaciones urgentes y la recuperación de inmuebles utilizados para actividades delictivas.
Durante el debate legislativo, el proyecto original del Poder Ejecutivo atravesó modificaciones luego de diferencias internas dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, particularmente entre los sectores de la UCR y el socialismo.
Como resultado de las negociaciones, se elaboró una nueva versión que obtuvo 37 votos afirmativos en Diputados, mientras que otros 11 legisladores votaron en contra.
Entre los cambios más relevantes se encuentran las modificaciones al régimen de allanamientos. Para determinados casos excepcionales, la normativa contempla la intervención de un fiscal y un posterior control judicial.
Además, se eliminaron disposiciones que permitían tomar declaraciones a personas imputadas sin la presencia obligatoria de un abogado defensor, así como un régimen especial de intervención policial en zonas atravesadas por situaciones graves de violencia.
El respaldo del Senado y el debate por la inseguridad
En la Cámara alta, el bloque justicialista acompañó distintas disposiciones del proyecto, aunque rechazó específicamente los artículos 5, 6 y 8.
El senador Armando Traferri expresó el respaldo de su espacio a las herramientas destinadas a fortalecer la seguridad pública, aunque advirtió que todavía existen desafíos frente a un delito que, según señaló, “se profesionaliza y muta”.
Por su parte, el senador Ciro Seisas recordó la situación crítica que atravesaba Rosario durante 2024 y destacó las medidas implementadas desde entonces para enfrentar la violencia.
En ese contexto, sostuvo que la nueva normativa permitirá profundizar las políticas de prevención y anticiparse a las organizaciones delictivas. Además, afirmó que los homicidios disminuyeron un 70% en tres años.
Con la sanción definitiva, el gobierno de Pullaro suma un nuevo instrumento legislativo a su política de seguridad, con modificaciones que alcanzan tanto la investigación criminal como la prevención del delito y el sistema penitenciario.


