Durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación realizada en forma remota, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo presentó el proyecto de ley de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo.
Al respecto, la ministra Losardo dijo que “es el proyecto que nosotros creemos que puede cambiar la imagen de la justicia, la confianza de la justicia” y lo calificó como “un proyecto para el mejoramiento de la justicia, que se acerque, que sea eficiente, eficaz, independiente”.
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“Tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, eficaz, cercano y que la respuesta a su conflicto social llegue en un plazo razonable”, agregó y sostuvo que se tuvieron en consideración “todas las necesidades que se presentaron en cada uno de los ámbitos en que este proyecto tiene incidencia”.
A su vez, indicó que “este proyecto de ley consiste, contiene y somete a discusión parlamentaria tres dimensiones de la justicia federal de nuestro país: el fortalecimiento de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el fortalecimiento de la justicia civil comercial y contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias”.
También manifestó que “el proyecto también interviene en la justicia en la estructura de Ministerio Público Fiscal y de la Defensa porque es indispensable para enfrentar la necesidad que va a presentar y presenta el nuevo fuero” y que “en lo que concierne a los ministerios públicos su dotación se robustece mediante la creación de cargos de fiscal y defensores ante juzgados federales de primera instancia”.
“Asimismo se extiende toda la justicia federal las reglas de actuación previstas en la 27.146 en su artículo segundo”, resaltó y se refirió a la “transferencia total de las competencias penales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la implementación del código procesal penal federal”.
Del mismo modo, Losardo detalló que “el proyecto fija una unificación del fuero que pasará a denominarse comercial y contencioso administrativo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “avanza en el fortalecimiento de la justicia federal penal con asiento en las provincias de nuestro país dividiendo así la competencia penal de la no penal, con la excepción de los delitos y faltas electorales que van a permanecer asignadas a los juzgados que mantengan la secretaría electoral”.
Además, dio a conocer que “esta nueva estructura con la fusión quedan 23 jueces penales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al dividirse las secretarias se crean 46 juzgados total, quedan 12 tribunales de juicio y se crean 5 nuevos tribunales de juicio, y queda una nueva sala de apelaciones con 4 salas”.Entonces, explicó que “las causas en trámite ante las secretarías penales mantendrán su radicación en los respectivos juzgados de origen” y que “estos nuevos juzgados se van a ir habilitando cuando se cuente con las partidas presupuestarias”.
Más adelante, realizó un análisis de los cuatro títulos presentes en el proyecto e informó que “la iniciativa que se propone recoge el texto de un proyecto de la ley impulsada por el programa justicia 2020” que “tuvo tratamiento parlamentario durante la gestión pasada: ha sido recogido en su totalidad, solo se corrigieron y se crearon plazos previstos para los magistrados”.
“Lo que este proyecto de ley busca es la creación de 94 juzgados federales de primera instancia en lo penal con asiento en las provincias de la Argentina y sus respectivos cargos de juez y jueza”, prosiguió y sostuvo que “se van a transferir a las secretarías: esto significa que también se limita la erogación presupuestaria” y que “la erogación va a ser escalonada”.
“Otro de los objetivos de este proyecto consiste en facilitar la investigación, el juzgamiento de crímenes que realmente son más que difíciles hoy de combatir: el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de dinero”, dijo para luego considerar que “si uno quiere desarrollar una política criminal coherente y que sea sostenida en el tiempo, es necesaria esta modificación”.
Luego, sostuvo que “es también objeto de esta reforma lograr la adecuación progresiva de las estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal aprobado por la 27.063″ y que es necesario tanto “que exista un mayor número de jueces” como “formalizar la creación de nuevos juzgados antes que se sigan designando personal y cargos ad hoc”.
“Cuando se hace el listado para aquellos que quieren subrogar les quiero aclararles que ya son jueces por la Constitución y pasaron los procesos constitucionales que corresponden, de ahí van al Consejo de la Magistratura que es el que va a definir y ahí están todos representados, de ahí va a ir al Poder Ejecutivo que va a elevarlos a la Honorable Cámara de Senadores donde ustedes van a votar si esos jueces subrogantes pueden ocupar esos cargos hasta que un año con excepción de medio año se llame a concurso, que va a ser como dice la constitución”, concluyó.
Por último, la funcionaria respondió las consultas realizadas por senadores y senadoras, luego de lo cual el presidente del interbloque Cambiemos, senador por Formosa Luis Naidenoff, cuestionó el proyecto y afirmó que “lo primero que quiero dejar sentada en nuestra posición es que no se trata de analizar por capítulos o temas por temas”. También apuntó que “este proyecto a la par que se discuten ciertas cosas toca en muchísimos artículos la mayoría calificada que se requiere para la modificación también del Consejo de la Magistratura” y consideró que “en la Argentina hay que definir prioridades” al referirse al análisis de costos y que el “orden de las prioridades de la sociedad argentina no pasa por esta reforma pasa por otro costado”.
Por su parte, el presidente del bloque Frente de Todos, senador por Formosa José Mayans, consideró que “en este momento es bueno este debate, es una posibilidad histórica” y que “ojalá podamos llegar a un acuerdo y estemos a la altura de la circunstancia para darle al pueblo argentino un servicio de justicia como el que se merece”. “Creemos que el pueblo argentino merece tener una justicia confiable, independiente transparente”, continuó. Asimismo, al referirse al costo económico señaló que “el poder judicial no alcanza al 1.5 del presupuesto”.
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