Durante la semana pasada, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos en puntos del Conurbano, la Capital Federal y Córdoba, en el marco de una investigación que sigue los pasos del intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, acusado por presunta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
No se trató de un hecho aislado: Armella le dio curso a una denuncia presentada por Jorge Naddaf, un militante radical de Berazategui, hace dos años atrás, luego de un informe del Tribunal de Cuentas que advirtió al intendente Mussi respecto de manejos irregulares de partidas presupuestarias y de fondos de Nación.
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La piedra basal de la denuncia es un informe del Tribunal en el que se da cuenta de faltante de documentación respecto de cuentas bancarias por unos 10 millones de pesos, ausencia de comprobantes y contrataciones de “asesores fantasmas”. En concreto, se sospecha que con esas maniobras, Mussi quiso financiar su fallida campaña a Gobernador.
El fallo del tribunal de cuentas existe. Este portal accedió al documento y corroboró que allí Mussi acumula cargos y multas por varios cientos de miles de pesos, algunos en “solidaridad” con funcionarios de la primera línea de su gestión.
“Había un montón de irregularidades en cuanto a números que no cerraban, pautas publicitarias que no eran muy regulares, alquileres de galpones que no correspondían o que eran de personajes del mismo municipio”, enumeró ante la consulta de INFOCIELO Naddaf.
La presentación se dio de manera conjunta con otra que se relacionaba con los casos de enterocolitis que arreciaron en el distrito por esa misma época. En los allanamientos de la semana pasada, de acuerdo a trascendidos, se intentó establecer si una serie de domicilios se corresponderían con propiedades de Mussi, que está imputado en la causa.
Desde la Municipalidad de Berazategui no quisieron hablar del tema, aunque en el entorno de Mussi aseguran que los allanamientos y la investigación son una “vendetta” del juez Armella, que en 2012 fue apartado de la causa que seguía el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por entonces, Mussi –padre- estaba al frente del ACUMAR, organismo que tenía que llevar adelante la tarea.
Armella estuvo a punto de ser destituido del juzgado federal que dirige y se le entablaron denuncias por “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, luego de que se constataran una serie de contrataciones irregulares.
“Sin ninguna duda esto es una persecución política. Armella está devolviendo favores porque este gobierno lo salvó de la destitución y hasta de ir preso. Está pagando el favor”, insistieron desde el mussismo, abrazados a la teoría de la venganza del juez federal.
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