“Este 3 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrando la decisión del gobierno de haber eliminado la pauta oficial, garantizando así la libertad de prensa absoluta en Argentina”, escribió Casa Rosada en sus redes sociales. El mensaje es breve, pero no por ello menos polémico: en un país donde periodistas son estigmatizados por el Presidente, medios críticos sufren asfixia económica y las agresiones a la prensa se multiplican, la afirmación parece más una provocación que una celebración.
En apenas unos días, el gobierno protagonizó una serie de episodios que contradicen frontalmente la idea de una “libertad absoluta”. El asesor presidencial Santiago Caputo intimidó a un fotógrafo de Tiempo Argentino durante un debate público, fotografiando su credencial de prensa. Mientras el repudio se generalizaba, el propio Javier Milei redoblaba la apuesta desde sus redes, acusando a periodistas de formar parte de un aparato de “entrenamiento para hacer caer entrevistados” y sugiriendo que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”.
Libertad en el discurso, censura en los hechos
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han advertido con preocupación el deterioro de la libertad de expresión en el país. Argentina cayó 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa en apenas dos años, y ya se encuentra en el grupo de países con “problemas significativos” para ejercer el periodismo. En ese marco, el mensaje de Casa Rosada parece un intento burdo de reescribir los hechos: se presenta como garante de la libertad cuando, en realidad, el Estado se ha convertido en uno de sus principales agresores.
La eliminación de la pauta oficial —una política que en teoría podría discutirse en función de criterios de transparencia y equidad— se aplicó como una herramienta de castigo: no a todos, sino a los medios críticos. A los amigos, las entrevistas exclusivas y las entrevistas cómodas. A los enemigos, el silencio o el escarnio público. El caso del influencer libertario conocido como “El Gordo Dan” resume el estado de situación: al aire, pidió sin pudor que el Presidente encarcele a periodistas “como Alfonsín”, distorsionando la historia y normalizando una fantasía autoritaria que en otros contextos encendería alarmas institucionales.
El gobierno habla de libertad mientras cercena la posibilidad de ejercerla con garantías. Habla de prensa independiente mientras desmantela los medios públicos, hostiga a periodistas, y desde el poder se presiona —según trascendidos— a empresas para que se deshagan de figuras incómodas. En este clima, el mensaje de la Casa Rosada no es solo cínico: es una postal perfecta del doble discurso.
