El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Néstor de Lázzari, convocó a una reunión a todos los jueces penales y de garantías bonaerenses en el marco de la emergencia penitenciaria que atraviesa el sistema carcelario provincial.
Con una sobrepoblación récord y un déficit de plazas que afecta a decenas de miles de internos en cárceles y comisarías bonaerenses, el titular del máximo tribunal resolvió “convocar a una reunión de asistencia obligatoria” para el 27 de diciembre a las 11. Además de jueces de primera y segunda instancia, deberá asistir “un representante por cada Tribunal Oral en lo Criminal”, reza la resolución.
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La convocatoria llegó tras la primera reunión, realizada ayer, de la mesa de diálogo que creó el gobierno de Axel Kicillof tras una serie de recomendaciones de la Suprema Corte y de la Casación Penal para abordar la problemática. Del encuentro participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, organismos de derechos humanos y representantes eclesiásticos.
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Luego de un cuarto intermedio y de una intensa reunión de labor parlamentaria, en la que acordaron no tratar la “ley corta” pedida por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara Alta tratará temas que se acordaron para no hacer caer la cita legislativa. Magario volvió a cerrar el palco para la prensa.
Cabe destacar que a partir de estos primeros pasos que dieron los distintos poderes del Estado provincial, los internos levantaron la huelga de hambre que mantenían desde fines de noviembre en reclamo por las condiciones de las unidades penitenciarias y por las deficiencias en el servicio alimentario.
Así lo anunció hoy el Gobernador, aunque insistió con que “las cárceles bonaerenses se encuentran en una situación crítica”. “Por eso decidimos avanzar desde el primer día de gestión en políticas que reviertan la crisis humanitaria que atraviesan. Hoy se levantó la huelga de hambre en los penales de la Provincia“, informó.
Las cárceles bonaerenses se encuentran en una situación crítica y por eso decidimos avanzar desde el primer día de gestión en políticas que reviertan la crisis humanitaria que atraviesan.
Hoy se levantó la huelga de hambre en los penales de la Provincia.— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 20, 2019
En los fundamentos de la convocatoria, de Lázzari recordó que el 11 de diciembre la Suprema Corte “dispuso adoptar una serie de medidas frente a la preocupantes situación de las personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos”.
En ese sentido, consideró “necesario convocar a una reunión de asistencia obligatoria”. Ayer, el titular de la Suprema Corte se comprometió a brindar el aporte de la Justicia. “El Poder Judicial debe trabajar en serio para solucionar el problema”, expresó.
El juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, Mario Juliano, celebró la convocatoria. “No es ni más ni menos que lo que venimos reclamando hace tiempo: que las máximas instancias judiciales asuman un fuerte liderazgo frente a juezas y jueces para contener el encarcelamiento indiscriminado”, tuiteó.
Además, pidió que se discuta la prudencia de la Justicia “a la hora de decidir” y consideró que “la prisión preventiva debe ser excepcional, que hay que apelar a formas alternativas a la prisión y otras menudencias”. Sin embargo, expresó que “hay un problema. Inmediatamente después de la reunión inicia la feria y hay serio riesgo que esas ideas se olviden en los idus veraniegos”.
Celebro de todo corazón esta convocatoria, que no es ni más ni menos que lo que venimos reclamando hace tiempo: que las máximas instancias judiciales asuman un fuerte liderazgo frente a juezas y jueces para contener el encarcelamiento indiscriminado
— Mario Juliano (@MarioJuliano) December 20, 2019
La crisis humanitaria sobre la que todos estos actores coinciden se refleja en algunos datos oficiales. Tal como publicó INFOCIELO, en diciembre de 2015 Vidal recició una población carcelaria de 34.096 personas que se alojaban en 20.732 plazas. A diciembre de 2018, la cantidad de personas privadas de su libertad ascendió a 42 mil personas y las plazas no se incrementaron.
La problemática no se circunscribe sólo a las cárceles sino también a las comisarías, donde, según la CPM, hasta 2018 había 4.129 personas alojadas cuando el cupo es para algo más de mil personas. A esto debe sumársele que el 53% de las dependencias policiales están inhabilitadas para alojar detenidos.
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