La privatización de las rutas nacionales impulsada por el Gobierno de Javier Milei por ahora no logra calmar los reclamos por el mal estado de los principales corredores que atraviesan el suelo bonaerense. Mientras las nuevas concesionarias realizan lentamente algunas tareas de mantenimiento, vecinos, municipios y organizaciones vinculadas a la seguridad vial vuelven a reclamar por las grandes obras que siguen pendientes.
La situación quedó expuesta esta semana en Azul, donde el Concejo Deliberante realizó una sesión especial directamente sobre la Ruta Nacional 3, en la denominada Rotonda del Cristo, uno de los lugares donde los vecinos autoconvocados sostienen desde hace años su reclamo por la construcción de la autovía.
La sesión tuvo lugar a pocos días de una nueva movilización de los vecinos y contó con la participación de concejales, organizaciones como Estrellas Amarillas, Autoconvocados de Azul y la zona, representantes de instituciones y vecinos. Al finalizar, se descubrió una placa para conmemorar los 15 años de lucha por la construcción de la Autovía en la Ruta 3.
Las concesiones no descomprimen el reclamo de obras
El nuevo escenario vial se da en paralelo al avance de la llamada Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, que contempla unos 2.500 kilómetros de rutas.
En territorio bonaerense, uno de los corredores centrales es el Tramo Sur Atlántico-Acceso Sur, que incluye la Ruta 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur provincial, además de las rutas 205 y 226 y accesos estratégicos como las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery.
El Gobierno nacional presentó el nuevo esquema como una alternativa para recuperar y mantener una red vial deteriorada después de años de falta de inversión. Sin embargo, la llegada de los privados está lejos de aplacar los reclamos e incluso generó nuevas protestas por la inclusión de nuevos peajes.
El punto de tensión está en que las nuevas concesiones contemplan principalmente la explotación y el mantenimiento de los corredores, mientras que las comunidades reclaman obras de infraestructura de mayor magnitud. En el caso de la Ruta 3, el pedido histórico es la transformación en autovía del tramo entre Las Flores y Chillar.
Durante la sesión realizada en Azul, el Concejo Deliberante también abordó la respuesta de Vialidad Nacional sobre los peajes proyectados en los kilómetros 290 y 380 y reclamó modificaciones en su ubicación. Finalmente, aprobó por unanimidad solicitar que la estación prevista en el kilómetro 290 sea trasladada hacia las inmediaciones del kilómetro 230, ante la queja de los vecinos de Cacharí.
En la Ruta 5 también mantienen el reclamo
El escenario se repite en la Ruta Nacional 5, otro de los corredores estratégicos para la Provincia y para la conexión con La Pampa.
Allí, los vecinos agrupados en Autovía Ya volvieron a realizar su tradicional “5 a las 5” para visibilizar un reclamo que, según remarcaron, “no pierde vigencia”: la construcción de una autovía.
En este caso, los propios vecinos reconocieron que la nueva concesionaria ya comenzó a realizar tareas de mantenimiento. Sin embargo, señalaron que esas intervenciones no alcanzan para resolver el problema estructural de la ruta.
El reclamo está atravesado además por la seguridad vial. Desde Autovía Ya advirtieron que continúan los siniestros, especialmente los choques frontales, y remarcaron que la ruta representa también un “cuello de botella” para el transporte y la producción de la región.
Por eso, además de reclamar la autovía, los vecinos comenzaron a gestionar proyectos para construir travesías urbanas y rotondas en los accesos a las localidades, mejorar las banquinas e incorporar iluminación en curvas y sectores considerados peligrosos que cuentan con avales de los intendentes.
Tres años de deterioro y una discusión que sigue abierta
Los reclamos se producen después de casi tres años de fuerte retracción de la obra pública nacional, durante los cuales quedaron obras paralizadas y se redujeron las tareas de mantenimiento de las rutas.
Ahora, con el nuevo esquema de concesiones en marcha, algunas de esas tareas comenzaron a retomarse bajo gestión privada. Pero el mantenimiento de una ruta deteriorada no equivale a resolver el déficit de infraestructura acumulado.
Azul y la Ruta 5 muestran, con distintos actores y modalidades, que el cambio de modelo de gestión no desactivó la presión de las comunidades. En un caso, el reclamo llegó al Concejo Deliberante, que sesionó sobre la propia traza; en el otro, los vecinos mantienen movilizaciones y gestiones ante Vialidad Nacional y los intendentes.
Así, mientras el Gobierno nacional avanza con la privatización de los corredores y busca presentar el nuevo esquema como una solución para recuperar la red vial, en las rutas bonaerenses el reclamo de fondo permanece: no alcanza con recomponer lo que se dejó de hacer: las comunidades siguen reclamando las obras que necesitan para que las rutas sean más seguras y permitan el desarrollo de las regiones.
