Tras la embestida del Gobierno Nacional por la liberación de los 114 detenidos durante la marcha de jubilados frente al Congreso, la jueza Karina Andrade explicó los fundamentos jurídicos de su decisión. Señaló que no existían delitos formalmente denunciados por el Ministerio Público Fiscal y advirtió que mantener a esas personas privadas de libertad habría implicado una vulneración de derechos fundamentales.
“No fue una decisión espontánea que hice porque sí. Yo tengo un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver era lo informado por el Ministerio Público Fiscal. No se me informó de alguna investigación delictiva”, sostuvo la magistrada en declaraciones a El Destape
Andrade detalló que su intervención se limitó a evaluar la legalidad de las detenciones. “Para los jueces de turno es una obligación analizar el contexto de la detención, y (en este caso) no se cumplían los requisitos básicos”, explicó, al tiempo que remarcó que la resolución se dio “ante el pedido de la defensa”.
El “derecho constitucional” de marchar
“Solo tenía el ejercicio de un derecho constitucional de adultos mayores junto con otros grupos. Eso significa que hay que garantizar que eso pueda suceder”, agregó, en relación al derecho a la protesta.
En cuanto a la posibilidad de que hubiera barras bravas infiltrados en la manifestación, la jueza indicó que no recibió información sobre ese punto. “No me trajeron información”, aseguró, aunque aclaró que ese aspecto “formará parte de la investigación”.
Aun así, advirtió que su decisión no significa que cualquier persona detenida vaya a ser liberada sin más. “No se va a dar la liberación de cualquier persona con pedido de captura”, señaló, y añadió que “si avanza la investigación de la fiscalía se podrá pedir la prisión preventiva” de quienes ya recuperaron la libertad.
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Por último, Andrade respondió a las críticas que recibió desde el Gobierno nacional. “Son desafortunadas, porque los jueces debemos poder resolver sin que eso conlleve una crítica por algo que yo llevé adelante en el marco de mis funciones”, afirmó. Y cerró: “Creo que esto afecta la democracia, la dependencia judicial y la división de poderes”.
