La agrupación Familias Tea La Plata, integrada por madres y padres de personas con autismo, denunció públicamente una respuesta despectiva por parte de la Subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Romina Núñez, durante un encuentro del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). A través de un video difundido en redes sociales, se visibilizó el momento en que una representante de organizaciones de la sociedad civil planteó la crítica situación económica que atraviesan las instituciones que brindan prestaciones a personas con discapacidad y pidió una respuesta. Núñez, lejos de mostrar sensibilidad, replicó: “Las opiniones son irrelevantes, no tengo por qué darte una opinión. Lo que te puedo dar es un dato, y no tengo información”.
El reclamo apuntaba a la falta de actualización del nomenclador de prestaciones básicas y los aranceles, congelados desde diciembre de 2024, una situación que ahoga económicamente a las asociaciones sin fines de lucro que sostienen servicios esenciales para personas con discapacidad. “Estamos a días de pagar el aguinaldo y no sabemos de dónde va a salir ese dinero. Las instituciones van a terminar cerrando sus puertas y esas personas quedarán sin prestaciones”, advirtió con angustia la expositora. Sin embargo, la respuesta oficial fue un portazo simbólico que desató una ola de indignación.
Desde Familias Tea La Plata expresaron su repudio no solo a las palabras de la funcionaria, sino también a lo que consideran una actitud sistemática de indiferencia desde que asumió su cargo. “Romina Núñez, quien se presenta como empática por ser madre de una persona con autismo, ha demostrado una actitud totalmente insensible. Se beneficia personalmente del Estado, pero ignora el sufrimiento de muchas familias que alguna vez dijo representar”, afirmaron en el posteo que acompañó el video viral.
Los cuestionamientos a Núñez no son nuevos. En las redes sociales, particularmente en su cuenta de Instagram, es frecuente leer críticas por su cambio de postura desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. “Con tal de mantener su puesto, decidió no defender más los derechos de las personas con discapacidad”, aseguran referentes del sector, que ven con preocupación cómo funcionarios que llegaron al poder con un discurso de justicia social, hoy guardan silencio ante el desmantelamiento de políticas públicas esenciales.
Oficinas fantasmas y abandono: otro capítulo del destrato
Como muestra del destrato institucional, días atrás se conoció un caso alarmante en Olavarría y Bolívar, donde beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez fueron citados por carta documento de la ANDIS a oficinas inexistentes para revalidar sus beneficios. En Bolívar, las personas convocadas llegaron a una vivienda particular cuyo propietario debió colocar carteles pidiendo que no toquen timbre. En Olavarría, el lugar señalado era una pizzería. En ambas ciudades, los municipios denunciaron no haber recibido información oficial ni saber a dónde deben acudir los vecinos.
La medida forma parte del “plan de revisión” impulsado por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien justificó estas acciones bajo el discurso de terminar con los supuestos “curros” en las pensiones por discapacidad. Pero lo que en los papeles se presenta como lucha contra el fraude, en los hechos se traduce en una avanzada burocrática que vulnera derechos, genera confusión y angustia en una población que requiere contención, empatía y garantías. El destrato no es casual ni aislado. Es parte de una política que parece haber dejado de considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
