Para la mayoría de los argentinos, la justicia aparece inevitablemente teñida de política: lo que para unos es corrupción, para otros es persecución; lo que para unos es investigación, para otros es vendetta según de qué lado de la grieta se mire. Al mismo tiempo, los máximos tribunales del país y de la provincia de Buenos Aires acumulan vacantes que se transforman en monedas de cambio en las negociaciones legislativas, donde cargos judiciales se atan a votos para leyes clave.
En ese escenario de desconfianza y fragmentación, cabe preguntarse cómo se puede encarar un diálogo serio —y de alto nivel— sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
En su paso por Parecemos Buenos Amigos, el abogado y profesor de la UNLP Julián Portela planteó un diagnóstico incómodo pero directo: sin un diálogo político de máxima jerarquía, Argentina y la provincia de Buenos Aires seguirán atrapadas en un sistema judicial desordenado, incompleto y atravesado por lógicas de reparto que bloquean cualquier intento de mejora.
Portela partió de un dato estructural: tanto la Corte Suprema nacional como la bonaerense están funcionando con vacantes críticas. Tres jueces sobre siete en el máximo tribunal y un esquema similar en la provincia generan, según explicó, un escenario inaceptable en cualquier país que aspire a la seguridad jurídica. La causa, para él, es clara: la ocupación de esos lugares se convirtió en un terreno de disputa militante. “A la Corte no van militantes”, remarcó, al cuestionar la tendencia a negociar cargos judiciales como parte del paquete de gobernabilidad de cada presupuesto.
El constitucionalista también subrayó la ausencia de diversidad en la Corte nacional —tres varones, mayores, sin representación bonaerense pese a que más del 40% de las causas provienen de la provincia— y recordó que cualquier modificación profunda en su integración requeriría una reforma constitucional. Antes de esa discusión, señaló, lo urgente es simplemente cubrir los cargos vacantes.
El panorama provincial no es más alentador. Portela mencionó vacíos institucionales que llevan décadas sin resolverse: la falta de un Defensor del Pueblo y la ausencia de una jefatura claramente establecida para los defensores oficiales dentro del Ministerio Público. Todo está previsto en la normativa, pero nada se ejecuta.
Para el académico, la raíz del problema es política y no técnica. Sin puentes de diálogo real —no el regateo por cargos sino acuerdos para cumplir y hacer cumplir la Constitución— cualquier reforma será superficial. Y en ese punto introdujo un elemento central: la corrosión que genera la corrupción, tanto pública como privada. Recordó que Argentina figura mal en los índices de percepción y advirtió que la utilización partidaria de organismos como la Oficina Anticorrupción solo profundiza el descrédito.
“Necesitamos nuevos pactos”, concluyó. Un consenso básico sobre legalidad, límites y reglas. Sin eso, insistió, “vale todo”, y el deterioro del sistema seguirá su curso.
