La problemática de las inundaciones en el centro-oeste bonaerense volvió a instalarse en la agenda legislativa. Según los fundamentos del proyecto presentado en las últimas horas en Diputados, actualmente unas 700 mil hectáreas se encuentran anegadas o directamente bajo el agua, generando serias complicaciones en la producción y en la vida cotidiana de miles de bonaerenses.
De ese total, casi la mitad se concentra en tres partidos: Bolívar, Carlos Casares y 9 de Julio, con 319 mil hectáreas afectadas. Esto representa el 45% del área comprometida, con un crecimiento de entre el 30% y el 40% en apenas diez días, según el último relevamiento realizado entre el 18 y el 20 de agosto.
El distrito más golpeado es 9 de Julio, con 118.929 hectáreas bajo el agua. Los caminos rurales se volvieron intransitables y la producción agropecuaria enfrenta una crisis que se agrava semana a semana.
EL PEDIDO DE ARTICULACIÓN ENTRE PROVINCIA Y NACIÓN
Frente a este panorama, el proyecto ingresado en la Cámara Baja propone que el Poder Ejecutivo de la Provincia arbitre un entendimiento con el Estado nacional para concretar las obras de infraestructura necesarias.
La iniciativa, presentada por la diputada radical Silvina Vaccarezza (UCR-CAMBIO FEDERAL), sostiene que la magnitud de la situación requiere un trabajo coordinado entre maquinarias y personal de ambos niveles de gobierno. Entre los objetivos centrales se destacan la recomposición de caminos y la limpieza de canales para permitir el escurrimiento del agua y mejorar la conectividad.
“Es vital dejar las diferencias políticas de lado para arribar a una solución a esta problemática que golpea no solo la producción, sino también la vida de los habitantes”, plantea el texto en sus fundamentos.
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IMPACTO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LA EMERGENCIA
Más allá del efecto productivo, la iniciativa también advierte sobre el impacto social y comunitario de la emergencia hídrica. La falta de caminos transitables impide el acceso a escuelas rurales, lo que deja a niñas, niños y adolescentes sin clases durante días o semanas.
La situación también dificulta la llegada de ambulancias, el traslado de personas y la provisión de insumos básicos, profundizando el aislamiento de las familias rurales en los distritos afectados.
El proyecto busca así instalar en la Legislatura bonaerense el debate sobre una problemática que requiere acciones inmediatas y conjuntas para atender la crisis en el centro-oeste provincial.
LA ACCIONES ANUNCIADAS POR PROVINCIA
Días atrás, el gobierno provincial anunció una batería de medidas para mitigar los efectos de las inundaciones en las zonas afectadas. El Ministerio de Desarrollo Agrario anunció acciones de emergencia que incluye obras de infraestructura rural, entrega de maquinaria y asistencia directa a los municipios más golpeados: 9 de Julio, Carlos Casares y Bolívar.
Según un relevamiento de Carbap, en la provincia hay 711.343 hectáreas bajo agua. De ese total, más de 319.000 corresponden a esos tres distritos.
“Destinamos $2.000 millones para el mantenimiento y la mejora de los caminos rurales en los municipios más golpeados por las precipitaciones. La totalidad de esos recursos ya está asignada y en plena ejecución”, señaló el ministro Javier Rodríguez.
En las últimas semanas se entregaron palas cargadoras y retropalas para reforzar las tareas en la red vial rural. Además, Vialidad Provincial e Hidráulica trabajan en limpieza de canales, zanjeos y mejoras estructurales para garantizar el escurrimiento del agua.
En 9 de Julio se consolidaron accesos en Carlos María Naón y El Chajá; en Carlos Casares se intervino en caminos clave para la producción láctea y se sumó maquinaria; mientras que en Bolívar se priorizó la cuenca lechera y los accesos a escuelas rurales.
Las obras se concentran en accesos estratégicos para la producción y en caminos que conectan tambos, localidades y escuelas. También se sumaron fondos específicos y maquinaria pesada para sostener la transitabilidad en las zonas rurales más comprometidas.
