El intendente de Tigre, el massista Julio Zamora, decidió intervenir de lleno en la polémica por el transporte público dentro del mega-complejo de barrios cerrados Nordelta. Frente a lo que sería la negativa del rondín interno de llevar al personal doméstico, el jefe comunal habilitó a que una de líneas urbanas de colectivos entre al predio.
En concreto, Zamora elevó al Concejo Deliberante un “desdoblamiento” de los recorridos de la línea 723, controlada por la empresa UTENOR. De esta manera, los ramales que unen Benavidez con Pacheco deberán pasar, de ida y de vuelta, por la puerta y otros egresos de Nordelta.
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En su iniciativa, el alcalde solicitó que las unidades puedan ingresar, por ejemplo, a Avenida de los Lagos una calle que, a pesar de ser pública, está bajo la “guarda” de Nordelta y que recorre los 23 barrios de la urbanización. La explicación de la Comuna es que estaba claro que si en el futuro era necesaria la circulación libre por esa troncal se podía reclamar. Los vecinos no querían ceder por una cuestión de seguridad.
Si bien el proyecto de ordenanza es una descripción técnica, INFOCIELO pudo saber que es una respuesta a las denuncias que hicieron trabajadores y trabajadores de lugar por discriminación. Según Página 12, los empleados aseguraban que los propietarios no querían compartir sus combis por ellos “tienen mal olor y hablan mucho”.
La iniciativa se debatirá este martes en el recinto deliberativo local. Según adelantó Roxana López, presidenta del bloque Unidad Ciudadana de Tigre –en declaraciones al mismo medio-, “es probable que se haga un tratamiento sobre tablas, sin girar a comisiones, porque se está terminando el año y esta es una situación que debemos resolver con urgencia”.
“Yo les di un plazo de tres meses para que presenten algo alternativo y no lo hicieron. Se autoimpusieron un propio plazo pero nosotros no lo respetamos: querían extender esto hasta abril de 2019. Pero la situación de las empleadas, que desconocíamos, nos obligó a acelerar los tiempos”, agregó el propio Zamora, siguiendo la misma fuente.
Mientras tanto, la firma MaryGo, a cargo de los vehículos internos había decidido aumentar las frecuencias de los servicios antes las primeras críticas. La disputa comenzó cuando las unidades que llevaban a los lugareños no paraban a cuando una empleada o empleado le hacía la parada. Ahí se enteraron que había habido un reclamo formal.
Hay aproximadamente 8000 personas contratadas en Nordelta, las cuales necesitan ser llevadas hasta el exterior para empalmar con los micros tradicionales. El destrato llevó a que realizaron un corte de ruta el 7 de noviembre.
Esta situación también sirvió para comenzar a ventilar otras situaciones similares, en un cuestionamiento respaldado por Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). En tanto, la diputada nacional Miryam Bregman, del Frente de Izquierda, presentó una denuncia en el INADI y en el Congreso.
“Es inadmisible que en pleno siglo XXI, y luego de las masivas movilizaciones que hemos protagonizado por nuestros derechos, a las trabajadoras se las trate como en Estados Unidos en la década del ’50. Hay un apartheid en el Nordelta, y queremos saber por qué el Estado no ha tomado todavía cartas en el asunto”, dijo la legisladores a la Izquierda Diario.
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