El megaoperativo que terminó con la detención de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada”, no es únicamente un golpe judicial contra el contrabando, la evasión y el lavado de dinero. Es, también, una fotografía nítida del entramado de intereses que orbitan —y muchas veces determinan— las decisiones del gobierno de Javier Milei.
Porque, lejos de ser un hecho aislado, este operativo ocurre en el mismo momento en que Estados Unidos volvió a colocar a la Argentina en su lista de países con serias deficiencias en la protección de la propiedad intelectual, citando expresamente a La Salada como epicentro del comercio informal de productos falsificados.
Es decir, la política libertaria de Milei, que se jacta de desregular y achicar el Estado, parece haber encontrado sus propios límites cuando la presión viene desde el norte.
Cuando habla EE.UU., Milei escucha
La lista de “mercados notorios” de EE.UU. no solo señala a “La Salada” como un núcleo de piratería comercial, sino que remarca la falta de acción judicial y policial efectiva. De hecho, lo dice sin rodeos: “La policía argentina generalmente no actúa de oficio y los procesos legales languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias”.
Pero esta vez, algo cambió. Justo después de la publicación del informe de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., se ordenaron más de 60 allanamientos, con operativos simultáneos en Flores, Luján, Lomas de Zamora y la Ciudad de Buenos Aires.
¿Casualidad? Difícil creerlo. Más bien parece un gesto político hacia Washington, una manera de mostrar “buena conducta” en tiempos en los que Milei intenta sellar acuerdos comerciales con el mundo financiero estadounidense y mantener contentos a sus “aliados estratégicos”.
El Juez Kreplak le respondió a Milei: “Su obligación es abstenerse”
El juez federal rechazó las críticas del presidente sobre la causa del fentanilo contaminado, advirtió sobre la politización de la investigación y pidió "respeto por las víctimas".
En este marco, la caída de Jorge Castillo —que ya había enfrentado causas por evasión entre 2013 y 2017— pone bajo la lupa una red de 89 sociedades y 160 personas que movían millones en negro, en una estructura donde la informalidad no es descontrol: es controlada, aprovechada y protegida por quienes se benefician de que el Estado no intervenga.
La feria oscura que sobrevivió a todos
Castillo siempre fue más que un comerciante: es una pieza clave de un sistema que sostiene a gran parte del comercio informal del país y que —no por casualidad— se mantuvo impune durante años.
La paradoja es que este mismo circuito alimenta la economía de miles de familias del conurbano, pequeños revendedores de ropa, comerciantes de todo el país que viajan semanalmente a abastecerse.
La Salada es el síntoma de una economía partida, pero también un engranaje funcional al statu quo. Y Milei lo sabe. Por eso, mientras clama por el libre mercado y la “competencia real”, hace silencio sobre las estructuras reales de poder económico que viven de esquivar impuestos, falsificar marcas y lavar dinero.
Que no vendan humo: no fue el fervor legalista ni la vocación por el orden lo que provocó la caída de Castillo. Fue una señal urgente para Argentina desde Estados Unidos (“con que el águila daba, su señal a la gente“, diría Silvio Rodriguez) , un tirón de orejas diplomático que obligó al gobierno libertario a mover fichas.
Y en esa jugada quedó al descubierto que los verdaderos jefes no están en Balcarce 50, ni en el Congreso: están en los pasillos de embajadas extranjeras, en las mesas de los estudios contables que diseñan redes off-shore, y en los mercados negros donde la única ley es la del más fuerte.
Lo que La Salada expone, finalmente, no es solo la ilegalidad de un gigante informal. Expone que el discurso contra “la casta” es una pantalla, que la libertad de mercado es un slogan para la tribuna, y que cuando el poder real —el que no se presenta a elecciones— levanta el teléfono, Milei responde con disciplina.
