El objetivo del presidente Javier Milei de reducir al mínimo, y eventualmente eliminar, las partidas destinadas a obra pública ya comienzan a dejar sus efectos. Uno de los primeros impactos se ve en la obra del “Sistema Riachuelo“, un proyecto ambiental de gran envergadura llevado adelante por AySA que, una vez operativo, podría mejorar la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios.
Lo más crítico es que, aunque el Banco Mundial ya giró los fondos necesarios para finalizar la obra, los contratistas están recibiendo pagos a cuentagotas, lo que los coloca al borde de la rescisión de los contratos, según informó el medio La Nación.
Según informaron, desde el Ministerio de Economía, que no desembolsaron los fondos necesarios para terminar el “lote 2” del megaproyecto. A lo largo de estos meses, se acumularon deudas significativas en los certificados de obra: $1.700 millones en abril, $6.000 millones en mayo y $4.800 millones en junio. Aunque el Ministerio liberó una transferencia a mediados de septiembre para evitar superar los 90 días de incumplimiento, que habría habilitado a los contratistas a demandar al Estado, esa inyección de fondos solo sirvió para ganar algo de tiempo. Aún queda pendiente el vencimiento del 1 de octubre, aunque desde el Palacio de Hacienda aseguraron que realizarían el pago en los próximos días.
Según una fuente cercana a la ejecución del proyecto, el problema no es la falta de fondos del Banco Mundial ni una mala gestión por parte de AySA o ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, sino que está relacionado con los límites de crédito presupuestario establecidos por el Ministerio de Economía. “Eso lo define exclusivamente Economía”, indicó la fuente.
Desde el Ministerio de Economía reconocieron las demoras, pero apuntaron a la anterior administración de Sergio Massa como responsable. “Cuando asumimos, la obra estaba detenida por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. Precisaron además que en marzo de 2024 se pagó una deuda de $15.460 millones. Sin embargo, los pagos pendientes desde marzo aún no se han regularizado. En cuanto al certificado de junio, cuyo pago estaba previsto para el 1 de octubre por un monto de $4.820 millones, afirmaron que la demora se debió a un problema con el reconocimiento del número SWIFT de la casa de origen y a retrasos en la acreditación en la cuenta destinada para el desembolso.
Por su parte, desde AySA confirmaron que ACUMAR es la entidad responsable de gestionar los fondos del préstamo, mientras que AySA se encarga de los pagos. Detallaron que los certificados de julio y agosto ya fueron cancelados, pero están esperando que ACUMAR transfiera los fondos para regularizar el certificado vencido en septiembre. A pesar de estas dificultades, aseguran que la obra ha seguido avanzando, y que ACUMAR está gestionando con el Ministerio de Economía la ampliación del crédito presupuestario para garantizar la continuidad del proyecto.
Una obra emblemática con años de retraso
El “Sistema Riachuelo” es un proyecto concebido durante los primeros años del kirchnerismo. Su planificación comenzó en 2008 con la promesa de estar concluido en cuatro años, pero no fue licitado hasta 2011, y los contratos se firmaron en 2014. La inauguración estaba prevista inicialmente para 2019, pero luego se pospuso para 2022. En septiembre de 2023, en plena campaña presidencial, Malena Galmarini, entonces titular de AySA, y su esposo, Sergio Massa, entonces ministro de Economía, celebraron lo que describieron como el “inicio del proceso de puesta en marcha”. Sin embargo, este anuncio fue prematuro, ya que el “Sistema Riachuelo” aún no está operativo.
Por la complejidad de la obra, el megaproyecto se dividió en tres partes, conocidas como “lotes”. Los lotes 1 y 3 fueron financiados y supervisados desde el principio por el Banco Mundial, mientras que el lote 2 estuvo bajo control del gobierno nacional durante los primeros años, lo que generó importantes dificultades. A pesar de los múltiples obstáculos, el control y financiamiento del lote 2 pasó finalmente al Banco Mundial, lo que mejoró su ejecución, y hoy muestra un avance del 92%, según las últimas estimaciones.
La incertidumbre sobre la finalización
Si no surgen más imprevistos ni retrasos, las obras podrían finalizarse “en unos meses”, lo que permitiría inaugurar el sistema en 2025. Sin embargo, los responsables no pueden garantizar una fecha concreta, ya que dependen de las partidas que debe liberar el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue las pautas de austeridad dictadas por la Casa Rosada.
El presidente Milei fue claro en su postura respecto a la obra pública. “La obra pública se termina. No tenemos plata. Hay que recortar porque el déficit fiscal es muy alto“, afirmó en noviembre de 2023. En sintonía con estas directrices, Caputo redujo drásticamente el flujo de fondos, lo que ha ralentizado o paralizado proyectos de infraestructura en todo el país.
No obstante, el “Sistema Riachuelo” es diferente, ya que su financiamiento proviene del Banco Mundial, que asigna prioridad a la obra debido a los años de retraso y la magnitud del proyecto. Se trata del financiamiento más grande otorgado por el Banco Mundial en América Latina y el Caribe, con una inversión de aproximadamente US$1.227 millones.
El avance de los tres lotes
Cada uno de los tres lotes que conforman el “Sistema Riachuelo” tuvo recorridos distintos, con problemas de diversa índole, además de modificaciones constantes de plazos y presupuestos:
- Lote 1: Financiado y controlado por el Banco Mundial, este tramo incluyó la excavación de un túnel de entre 12 y 24 metros de profundidad a lo largo de 30 kilómetros. Se construyó el llamado “Colector Margen Izquierda” y el “Desvío Colector Baja Costanera”, junto con otras obras complementarias, cuyo objetivo es transportar los efluentes provenientes de la margen izquierda del Riachuelo y de la Ciudad de Buenos Aires hasta Dock Sud. El consorcio ganador estuvo integrado por la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que pertenecía a Angelo Calcaterra. La obra debía finalizar en 48 meses desde 2015, pero se completó en diciembre de 2022.
- Lote 2: Originalmente financiado por el Estado nacional y luego por el Banco Mundial, este tramo comprende la construcción de una estación elevadora de entrada de efluentes en Dock Sud, la Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida. El consorcio ganador incluyó a Esuco, JCR, CPC y C&E, todas vinculadas al kirchnerismo. En la gestión de Mauricio Macri, Ghella fue convocada para participar y se reemplazó a CPC (de Cristóbal López) por la italiana Impregilo. Esta obra muestra un avance del 92%.
- Lote 3: Este tramo comprende la construcción del Emisario Riachuelo, un conducto subfluvial de 12 kilómetros que transportará los efluentes tratados desde la Planta de Pretratamiento Riachuelo hasta un difusor ubicado a 30 metros de profundidad en el Río de la Plata. El consorcio ganador de este lote estuvo conformado por la empresa francesa Suez, la italiana Salini Impregilo y la argentina C&E Construcciones. Se trató de una obra compleja que implicó la excavación de un túnel bajo el lecho del río, utilizando la tuneladora más grande de Latinoamérica, de 5,2 metros de diámetro. La obra concluyó en diciembre de 2022, aunque los trabajos complementarios se extendieron varios meses más. Actualmente, el Emisario está listo para entrar en funcionamiento una vez que se finalicen las obras del lote 2 y la Planta de Pretratamiento esté operativa.
El Sistema Riachuelo representa una obra crucial para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida en la cuenca Matanza-Riachuelo, considerada una de las zonas más contaminadas del mundo. La cuenca recibe desechos industriales y cloacales de gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que genera un impacto negativo en la salud de millones de personas que viven en la región. Una vez operativo, el sistema permitirá reducir los niveles de contaminación al tratar y desalojar los efluentes a varios kilómetros de la costa, en una zona con mayor capacidad de dilución.
El Banco Mundial insistió en más de una ocasión, en la necesidad de concluir el proyecto para cumplir con los compromisos asumidos por Argentina en materia ambiental y evitar sanciones internacionales. Sin embargo, la paralización de las obras ha generado preocupación entre las autoridades de ACUMAR, AySA y el propio organismo internacional, que ve con recelo las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
