El Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), que nuclea a creadores y entidades de gestión colectiva de todo el mundo, expresó su profunda preocupación por las recientes medidas adoptadas por el Gobierno argentino en relación a la gestión de los derechos de autor. A través de una resolución oficial, la organización pidió a las autoridades nacionales que garanticen un sistema eficaz que proteja los derechos de los autores y compositores.
El pronunciamiento surgió tras analizar los efectos de los decretos 765/2024, 138/2025 y 150/2025, emitidos por el Poder Ejecutivo entre agosto de 2024 y febrero de 2025, que introdujeron una fuerte desregulación del sistema de gestión colectiva. Según advirtió CISAC, estos cambios amenazan con debilitar la protección legal de los titulares de derechos, generar incertidumbre en el mercado y afectar negativamente la industria cultural.
En su resolución, la CISAC remarcó que en Argentina los autores han contado históricamente con un sistema que les permitió obtener una remuneración justa por sus obras a través de entidades que actúan en su representación. “La gestión colectiva de los derechos de autor permite a los titulares gestionar libremente sus derechos, a través de organizaciones que tienen el deber fiduciario de actuar en el mejor interés de sus miembros afiliados”, remarcaron.
Además, la organización recordó que tanto la Constitución Nacional, en su artículo 17, como la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, establecen el derecho exclusivo de los autores sobre sus obras. En ese sentido, advirtieron que la proliferación de nuevas entidades licenciatarias, habilitada por los recientes decretos, podría erosionar la eficiencia y la equidad del sistema, que durante más de un siglo se basó en una entidad por categoría y repertorio.
Llamado a preservar la eficiencia del sistema
Las entidades argentinas encargadas de la gestión colectiva (SADAIC, AADI CAPIF y ARGENTORES) también son miembros de la CISAC y, según se destacó, están comprometidas con los más altos estándares de transparencia, responsabilidad y buen gobierno. En línea con estas instituciones, la Confederación instó al Gobierno a actuar con diligencia en la aprobación de nuevas organizaciones que deseen operar, y a preservar la estabilidad del sistema vigente.
“La existencia de un marco competitivo no debe traducirse en perjuicio para los titulares de derechos”, señalaron desde CISAC, al tiempo que insistieron en la necesidad de mantener un modelo que funcione tanto para los autores como para los usuarios. Finalmente, recordaron que en numerosos países las entidades de gestión colectiva operan bajo regímenes monopolísticos de facto o de jure, lo que no implica ausencia de control, sino que garantiza su funcionamiento bajo regulaciones claras.
