El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido, luego de la filtración de un chat que dejaría constancia de la existencia de la reunión acontecida en el sur del país.
El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó el escrito, en el que consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.
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“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, sostiene el documento.
Ustarroz recordó que la Constitución Nacional de 1860 estableció que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.
“En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”, insistió.
El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.
En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
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