A más de dos años del inicio de la actual gestión nacional, un relevamiento elaborado por el Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma volvió a encender las alarmas sobre el impacto del esquema de seguridad aplicado frente a la protesta social. El informe, difundido esta semana, reconstruye con datos oficiales y testimonios el alcance del denominado “protocolo antipiquetes” (implementado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad en ese entonces) y expone un escenario marcado por el uso sistemático de la fuerza, un fuerte aumento de personas heridas y una creciente criminalización de la protesta.
Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se registraron en todo el país 103 represiones estatales contra manifestaciones de origen sindical y social. El saldo es contundente: 2.615 personas heridas, algunas de extrema gravedad, un manifestante muerto y 491 detenidos. El documento señala que el Ministerio de Seguridad de la Nación fue el principal responsable de estos operativos, con la intervención directa de fuerzas federales en al menos 52 protestas callejeras, donde se contabilizaron 2.382 heridos y 229 detenciones.
Del número al impacto humano
Uno de los casos más trascendentes y emblemáticos es el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión de marzo de 2025 mientras cubría una protesta. Grillo sufrió lesiones severas que pusieron en riesgo su vida y, desde entonces, atravesó reiteradas intervenciones quirúrgicas y complicaciones de salud que le impiden retomar su vida laboral y personal tal como la llevaba antes del ataque. El hecho tuvo un fuerte impacto público y continúa en la Justicia: el gendarme involucrado se encuentra imputado y procesado, aunque fue defendido en reiteradas oportunidades por la actual senadora nacional Bullrich.
El informe también da cuenta de otros episodios de extrema gravedad. Entre ellos figura el asesinato de Facundo Gómez en Salta, ocurrido en diciembre de 2024 durante una represión de fuerzas federales, y al menos cinco manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por efectivos de seguridad. Según el informe, estos hechos no son aislados, sino parte de “un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”.
Los datos muestran, además, una tendencia en alza. Mientras que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se registraron 50 represiones con 1.163 personas heridas, en solo los primeros diez meses de 2025 ya se contabilizaron 53 represiones y 1.452 heridos. Esto representa un incremento aproximado del 25 por ciento en un período más corto, lo que, según el Monitor, confirma una escalada en la violencia y en el nivel de riesgo para quienes participan de manifestaciones públicas.
En paralelo, el documento advierte sobre el avance de la criminalización y judicialización de la protesta social. Desde el inicio del gobierno hasta octubre de 2025 se registraron 491 detenciones de manifestantes y miembros de organizaciones sociales. Solo en los primeros diez meses de 2025 hubo 321 detenciones, un 88% más que en todo el período anterior. De ese total, 246, el 77%, se produjeron en el marco de represiones directas, lo que evidencia un vínculo estrecho entre la violencia policial y la respuesta penal del Estado. El informe también denuncia detenciones prolongadas por más de 24 horas en ciudades como Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, una práctica calificada como arbitraria e ilegítima.
La protesta bajo la lupa
Este balance se conoció luego de que la Justicia Federal dictara una resolución que puso un freno al protocolo impulsado por Bullrich, al considerarlo “restrictivo del derecho a la protesta”. Sin embargo, tras la apelación del Gobierno, la medida continúa vigente hasta que se resuelva el planteo de fondo. En ese contexto, la CTA Autónoma remarcó la importancia del freno judicial frente a los conflictos sociales en curso, atravesados por despidos, recortes salariales y jubilatorios, la defensa de los recursos naturales y la resistencia a reformas estructurales.
