El Ministerio de Salud de la Nación reformó a fines de 2025 el funcionamiento de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), el organismo técnico que desde hace más de dos décadas asesora al Estado argentino en materia de políticas de vacunación. La modificación, instrumentada mediante la Resolución 3344/2025, redefinió su composición, su rol y su grado de autonomía, en una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito sanitario y académico.
La CoNaIn fue creada en el año 2000 como un espacio técnico plural, con representación federal y participación de expertos independientes, para evaluar la incorporación, modificación o retiro de vacunas del Calendario Nacional. La nueva normativa establece que la comisión tendrá un “carácter consultivo y no vinculante” y que las decisiones finales quedarán concentradas en la autoridad ministerial.
La medida se da en un contexto en el que el Gobierno nacional parece especialmente refractario a las políticas de inmunización, tal como advirtieron distintos colectivos, como la Agremiación Médica Platense , y que tuvo episodios alarmantes como el show antivacunas que se orquestó dentro del Congreso de la Nación.
Menos ciencia y menos federalismo
Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, la reforma “reduce de manera significativa la autonomía técnica del organismo” y “desnaturaliza el rol histórico de la CoNaIn como ámbito de consenso científico y federal”. En ese sentido, advierte que el nuevo reglamento implica “menos ciencia y menos federalismo para decidir sobre vacunas en el Ministerio de Salud”.
Uno de los cambios centrales es la conformación de un Núcleo Científico Central reducido, integrado por apenas cuatro miembros, con mandatos ad honorem y posibilidad de reelección, mientras que la presidencia de la comisión deja de recaer en un referente técnico independiente y pasa a estar bajo la órbita directa de una dependencia del propio Ministerio. Para la fundación, este esquema “concentra el poder de decisión en el nivel político-administrativo y debilita los mecanismos de evaluación independiente”.
El informe también alerta sobre la eliminación de la participación permanente de las provincias, un punto que, según la entidad, “desconoce las realidades epidemiológicas diversas del país” y afecta la construcción de políticas de inmunización con base territorial.
Un modelo importado desde Estados Unidos
La Fundación Soberanía Sanitaria vincula explícitamente esta reconfiguración con antecedentes recientes en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. En su documento señala que la reforma argentina “replica cambios introducidos en organismos asesores estadounidenses, donde se avanzó en la subordinación política de los cuerpos técnicos y en la reducción del peso de la evidencia científica independiente”.
En particular, menciona el caso del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), donde “el desplazamiento de expertos y la incorporación de miradas escépticas respecto de las vacunas deterioraron la confianza pública y debilitaron las políticas de inmunización”. Según la fundación, “estos modelos no fortalecen los sistemas de salud ni mejoran las coberturas, sino que introducen incertidumbre en políticas que deberían sostenerse exclusivamente en la evidencia científica”.
Las advertencias llegan en un contexto sensible: caída de coberturas, reaparición de enfermedades prevenibles y un debate creciente sobre el rol del Estado en la protección sanitaria colectiva. En ese escenario, la reforma de la CoNaIn no aparece como un simple ajuste administrativo, sino como un cambio estructural en la forma de decidir sobre una de las políticas de salud pública más sensibles del país.
