El cambio de jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires no mermó los cruces con la Provincia y, tras una propuesta del exbonaerense, Jorge Macri, le marcaron que solo brinda discursos “para la tribuna”.
El exintendente de Vicente López aseveró que “hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen” y puso como ejemplo un caso en Balvanera que tuvo como protagonistas de un intento de robo a tres personas originarias de otros países.
Por eso, exigió restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones que permitía “agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo”.
Desde la Provincia le salió al cruce el ministro de Trnasporte y dirigente del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, quien se posicionó como experto en materia de seguridad en su paso por la Legislatura bonaerense.
“Que fácil la hace Jorge Macri. En vez de pensar cómo combatir seriamente el delito, tribunea con un discurso xenófobo que solo genera odio”, disparó el hombre de Pilar.
Por qué se derogó la reforma de la Ley de Migraciones
En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández decidió dar marcha atrás con la reforma que impulsó Mauricio Macri y derogó el DNU migratorio 70/201 por considerarlos “irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
Según argumentó el Frente de Todos, el decreto de Cambiemos modificaba aspectos de la Ley N° 25.871, que vulneraban el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la unidad familiar.
Por ello, había sido fuertemente objetada por órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos y por distintas organizaciones sociales.
“Por otro lado, durante la vigencia de este DNU, desde la Dirección Nacional de Equidad Étnico Racial, Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos se realizó un trabajo de acompañamiento y asistencia a las familias migrantes que habían sufrido numerosos hechos de violencia institucional y múltiples vulneraciones a sus derechos, vinculadas a la regularización migratoria y al acceso a la salud”, subrayaron.
