El 26 de enero de 1972 es una fecha emblemática para la historia del peronismo y de su expresión electoral: el Partido Justicialista.
Es que lo que se conoce como ‘Movimiento Peronista‘, no tenía expresión posible en las urnas por haber estado proscripto desde 1955.
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Tuvieron que pasar 17 años (distribuidos en 3 décadas diferentes), para que el Partido Justicialista, como tal, vuelva a obtener su personería jurídica, y de ese modo presentarse a elecciones.
En el interregno que atravesó la mitad de los años ’50, toda la década del ’60 y un par de años de los ’70, se vivió entre gobiernos civiles con una especie de “barniz democrático“, durante las presidencias de ‘Los Arturos‘: Frondizi e Illia, y dictaduras militares hechas y ‘derechas‘ con Aramburu, Onganía, Levinston y Lanusse, entre otros protagonistas.
Parte del pueblo se había acostumbrado a convivir con la ilegitimidad política que da elegir gobernantes excluyendo a dirigentes de un partido en específico, y con Juan Perón en el exilio.
Y muchos hasta lo creían correcto y legal. Como si fuera normal eso sucedía con el Partido Justicialista y sus símbolos.
Los medios y el resto de la dirigencia política daba por aceptado que el peronismo no podía participar de la vida “democrática”, mirando para otro lado e invisibilizando o estigmatizando los casi 10 años del gobierno de Perón entre 1946 y 1955.
La proscripción alcanzaba, según los textos que buscaban darle legalidad a la prohibición, los “elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista” y también estaba prohibido nombrar a Perón, hacer uso de los símbolos partidarios, y hasta tener retratos de Perón y Evita, como así también entonar la marcha partidaria.
De esta situación se beneficiaba todo el arco opositor al peronismo, especialmente los radicales en sus diferentes vertientes, llamadas “Intransigente” o “Del Pueblo“
UN PERMISO FORZADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS
Una vez consumadas las protestas sociales obreras y estudiantiles de finales de la década del 60 y comienzo de los setenta, el fenómeno insurreccional con las sucesivas “puebladas” que se produjeron desde el Cordobazo en 1969 hasta mediados de 1972, y frente al creciente predominio de la guerrilla, las Fuerzas Armadas se vieron ante la necesidad imperiosa de producir una apertura política destinada al restablecimiento del libre juego democrático.
Fue entonces que la dictadura militar autodefinida como “Revolución Argentina“, la que en la práctica era continuadora del proyecto económico y político que había iniciado la también autoproclamada “Revolución Libertadora“, escenificó un plan político al que denominó el Gran Acuerdo Nacional (GAN).
Lo que pretendían era conseguir una transición hacia la democracia pero controlada por el poder militar, y que garantizara impunidad para los autócratas.
Primero se reconoció al Partido Justicialista en la Capital Federal. Luego la justicia electoral extendió esa personería política al justicialismo para todos los distritos del país.
Fue así como entre febrero y junio de 1972, se iba a intentar consolidar la estructura partidaria del peronismo, formando las distintas conducciones provinciales y perfilando el camino de las candidaturas.
Al año siguiente, la victoria electoral superó el 60% de los sufragios.
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