El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este lunes su presentación ante la Corte Suprema y denunció que el Poder Ejecutivo nacional “sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia” al “no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad”.
A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, se informó que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pidió al máximo tribunal “que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo”.
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Además, instruyeron a la Procuración General “para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo” y consideraron que “los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”, en referencia a los bonos que Alberto Fernández anunció como modo de pago hasta que se dirima la cuestión de fondo.
Sobre el tema, se expresó el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri: “Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad” lanzó el intendente de Vicente López, en uso de licencia.
Alberto Fernández acatará el fallo pero recusará a los jueces
Por medio de un extenso hilo de Twitter, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio marcha atrás y afirmó que acatará fallo de coparticipación en favor de CABA y ordenó recusar a los jueces de la Corte, como así también, presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. A su vez, le pagará con bonos a la Ciudad de Buenos Aires.
Fernández afirmó que se encuentra “convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.
En ese marco, el Jefe de Estado aclaró que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.
El presidente de la Nación dio cuenta de cómo el fallo podría hacer peligrar partidas presupuestarias: “El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”.
Y añadió: “Por eso instruí a la JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
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