Luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que la Corte Suprema no tenía competencia para evaluar el amparo pedido por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a la continuidad de las clases presenciales, la Procuración General de la Nación dictaminó lo contrario.
Para la Procuración, la Corte Suprema es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad de las clases. En un dictamen firmado por la Procuradora Laura Monti, sostuvo que el proceso debe tramitar ante los estrados del alto tribunal.
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Con ese escrito, la Corte Suprema ya está en condiciones de determinar si hace lugar al tratamiento de la acción de inconstitucionalidad con un pedido de medida cautelar para que se suspenda la vigencia del Decreto presidencial que ordenó el cierre de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por dos semanas.
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El planteo de la Ciudad se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, “la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”; la violación al principio de razonabilidad, “la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos” y la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
La procuradora consideró que “la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales (la de la Nación y la de la Ciudad) es sustanciando la acción en esta instancia” por parte de la Corte.
De este modo, la Procuración dio el visto bueno para que la Ciudad de Buenos Aires avance en su cruzada por las clases presenciales, y la judicialización de la pandemia se agudiza con serios antecedentes.
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