Juan Carlos de Goycoechea, ex titular de Isolux en la Argentina, se entregó a la Justicia y ofreció como “arrepentido” en la causa de los cuadernos en los que el ex chofer Oscar Centeno detalló el supuesto pago de coimas. El empresario se encontraba de vacaciones cuando le llegó la orden de detención y decidió entregarse en Comodoro Py.
La empresa española Isolux despidió a De Goycoechea en marzo de 2017. Pero el empresario fue titular de la filial local durante la venta de parques eólicos a la familia Macri y la adjudicación de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio.
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En primer lugar, la empresa le vendió a Sideco Americana bajo al mandato del hermano del Presidente, Gianfranco Macri, seis parques eólicos licitados por el actual Gobierno. Sideco le vendió estas concesiones a la firma Genneia que conduce Darío Lizaano y tiene entre sus socios a Jorge Brito y al mexicano David Martínez, socio de Telecom-Fibertel. En tal polémica operación, Sideco Americana embolsó 15 millones de dólares.
Lizzano administra a su vez el fondo PointState que compró acciones del grupo Pampa Energía de Mindlin y la constructora de Nicolás Caputo. Además, Isolux, ganó uno de los tramos más importantes de la megaobra del Paseo del Bajo que lanzó Horacio Rodríguez Larreta.
Por otro lado, a de Goycochea se lo relaciona con la adjudicación de Río Turbio. La obra más importante que el grupo tenía en la Argentina era la central térmica de la ciudad santacruceña, un proyecto de 1260 millones de euros del que fue separado por el gobierno de Mauricio Macri por incumplimiento de contrato, en marzo de 2018. “La obra estaba sobrefacturada”, aseguró el Gobierno en su momento.
De Goycoechea no ingresará en el programa de protección de testigos e imputados del Gobierno, como sí lo hizo anoche Oscar Centeno, el chofer que escribió los ocho cuadernos y que quemó en la parrilla de su casa. Bonadio firmó la excarcelación del ex chofer, que obtuvo así su libertad, aunque estará bajo custodia dentro del programa que dirige el Ministerio de Justicia.
Oscar Centeno, el chófer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo, registró en 8 cuadernos los días, horarios, nombres y montos de las coimas que pagaron los empresarios a funcionarios. Constituyen la prueba del delito que envuelve a la gestión kirchnerista.
A partir de tal investigación y luego de la feria judicial, el juez Claudio Bonadío reactivó la causa por presunta corrupción y pago de sobornos en la concesión de obras públicas durante la gestión kirchnerista, y junto al fiscal Carlos Stornelli se decidió la detención de más de 15 empresarios y exfuncionarios K, por presunta asociación ilícita.
El caso no sólo involucra a Néstor y Cristina Kirchner, y al ex ministro De Vido, sino a gran parte de los funcionarios más cercanos y a muchas de las compañías constructoras y energéticas más importantes del país que durante años entregaron millones de dólares en efectivo al exsubsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal.
La investigación comenzó cuando la mujer de Centeno declaró ante la justicia que su marido, el chofer de Baratta llevaban y traían bolsos repletos de dinero en efectivo.Según la causa, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner, en Juncal y Uruguay, en la Quinta de Olivos o en las oficinas de la Jefatura de Gabinete.
Es que, el escribiente, es el presunto testigo de lo que sucedía en su Toyota Corolla en el que transportó a Roberto Baratta durante al menos 10 años. Precisó detalladamente cada dato de los viajes realizados, el transporte de los supuestos bolsos repletos de dinero fraudulento, direcciones, nombres y denominaciones.
La senadora y expresidenta Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria para el 13 de agosto. También fueron citados el exministro De Vido; el exsecretario General de la Presidencia y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido. Asimismo, el empresario Rudy Ulloa Igor y el industrial Juan Lascurain fueron citados por la Justicia.
Así, el empresario pasó a formar parte de los 17 detenidos por el juez Claudio Bonadio junto a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido; Nelson Lazarte, exsecretario de Baratta; Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación; Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y miembro de la empresa; entre otros.
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