Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, anticipó que el lunes realizará una denuncia contra los efectivos policiales que se negaron a cumplir con su orden judicial de no realizar el desalojo de lso terrenos de Gorina -141 y 478- y además reclamará sanciones administrativas contra funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, que pudieran haber tenido responsabilidad en dicha situación.
La polémica se desató en el día de ayer cuando, la Policía de la Provincia de Buenos Aires quiso ejecutar una orden de desalojo emitida por el Juez César Melazo, contra un barrio instalado en 141, desde 472 hasta 47. En ese momento, el Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, había hecho lugar al amparo presentado por los abogados de las personas que habitaban ese predio y por ende, se hizo presente en el lugar para que se cumpla su orden judicial que suspendía dicho desalojo.
En declaraciones a INFOCIELO, Arias relató que enterado de la ejecución del desalojo “que yo había ordenado detener a través de una medida cautelar”, se llegó hasta el lugar, “para notificar en persona al Comisario a cargo del operativo, Luis Alberto Nevier, quien públicamente me dijo que no iba a cumplir con la orden judicial”.
“Tengo en este momento a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en una actitud lamentable, sublevada porque no sólo no cumplieron una orden judicial, lo cuál es un deber para cualquier fuerza, sino que reforzaron la presencia policial en el sector, y están sacando camiones, retirando a la gente y dejando a los chicos en la calle”, explicó Arias.
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El Ejecutivo redujo en $100.000 millones la asistencia prevista tras las inundaciones de marzo, dejando a Bahía Blanca con la mitad del fondo original.
En el otro extremo, el Juez de Garantías platense, César Melazo, ratificó su decisión de ordenar el desalojo, y fuentes confiables aseguraban que el escándalo entre los jueces podría terminar con una orden de detención firmada por éste último, contra su colega del Fuero Contencioso administrativo.
Sin embargo, en horas de la noche de ayer, fuente calificacas desestimaron dicha posibilidad ante lo ‘injustifcicado y improsedente’ en términos jurídicos taoda vez que un Juez goza de inmunidad.
Arias, relató que “lo curioso de esta orden judicial, es que el predio está ocupado con el consentimiento del dueño, que es la Provincia, porque pertenecen a Ferrobaires”.
“Además –siguió Arias– los vecinos tienen convenio firmado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se le permite habitarlo hasta el mes de septiembre de este año”.
Con esos antecedentes y ante la orden del Juez Melazo, según –siempre- el relato de Arias, los vecinos llegaron hasta su Juzgado para reclamar “homologación judicial” del convenio, ya que una de las partes era el Estado Provincial.
“Cómo yo naturalmente sabía de la actuación de un juez, giré la causa hacia su juzgado, previo ordenar una medida cautelar para frenar el desalojo dispuesto” por César Melazo.
Ante la inconsistencia jurídica del fallo que ordena el desalojo algunas voces advierten que la resolución podría estar motivada por la supuesta “molestia” que el asentamiento le ocasionaría a los vecinos del exclusivo country Gran Bell.
