El Frente de Todos puso en la mira la administración del Gobierno de Cambiemos sobre el Astillero Río Santiago, un espacio que fue protagonista de serias discusiones durante los años de gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ahora, desde el oficialismo ampliaron la denuncia contra el exinterventor del ARS, Daniel Capdevilla por “lavado de activos y malversación de fondos” por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración pública.
La ampliación de la denuncia la realizó la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, que agregó un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por “una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de más de mil millones”.
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En la denuncia original que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, exCoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago, también integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
González manifestó que “oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión” por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado.
Sin embargo, aquel pedido de informes fue “cajoneado” sin ningún tipo de tratamiento y “perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento” de la presunta maniobra fraudulenta.
La denuncia que alcanza a Julio Conte Grand
La semana pasada, González presentó otra denuncia por este tema, pero apuntada contra el procurador General, Julio Conte Grand, a quien acusó de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que cometieron serios hechos de corrupción.
Según explicó la diputada provincial Susana González, la denuncia “apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”,
Además, los acusa por “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita”.
En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.
La dirigente del Frente Grande, enmarcó los hechos como parte del entramado de persecución política y judicial durante el macrismo conocido como la “mesa Judicial” o “Gestapo antisindical”: “Fue un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.
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