Una presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal abrió uno de los dos frentes que Javier Milei deberá sortear si quiere sostener el paquete de reformas de desresgularización económica y laboral planteadas a través del controvertido DNU presentando en la noche del miércoles.
Se trata de un recurso de amparo presentado Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad de Buenos Aires junto a los dirigentes de ATE Hugo “Cachorro” Godoy y Rodolfo Aguair y Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) a partir de la presunción de inconstitucionalidad del decreto.
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El planteo recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari podría inaugurar una catarata de acciones judiciales contra el paquete de medidas que el gobierno nacional dispuso sin pasar por el Congreso. Entre ellas se incluyen reformas laborales, de la ley de alquileres o del código aduanero, situaciones que hacen prever una inevitable judicialización de la disposición.
El sinuoso camino que el DNU deberá atravesar en el Congreso
Como reseña el sitio Ámbito Financiero, por el lado del Legislativo, hay un complejo camino que debe recorrer el DNU dentro del Congreso donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.
El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deberá enviar en los próximos 10 días el decreto a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, conformada por 8 diputadas y 8 senadores, cuyos nombres comenzaron a discutirse.
Luego, la Comisión debe elevar un dictamen que tenga con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. Allí, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.
Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente.
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