El Municipio de Olavarría dio a conocer un informe para exponer la profundidad de la caída de la actividad cementera, uno de los pilares en el rubro de la construcción y una de las principales fuentes de empleo para un distrito fuertemente minero.
A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, la ciudad gobernadaa por el intendente Maximiliano Wesner (Fuerza Patria) relevó que en el mes de agosto del 2025 se registró una caída del 5,9% en los despachos de cemento respecto al mes de julio.
En números, en agosto se declararon un total de 282.760 toneladas, mientras que en el mes de julio los registros habían sido de 300.461. El acumulado anual es de un 26% debajo del 2023 y un 7% por encima del 2024, explicaron.
El dato a tener en cuenta al leer estas cifras es que, generalmente, los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre son los de mayor producción del año.
“La situación se torna aún más preocupante dado que en años anteriores era precisamente agosto el mes que marcaba el inicio de la suba en los indicadores. Resta ahora culminar de relevar los datos de septiembre para ver si persiste la tendencia a la baja” advirtieron desde el Ejecutivo Municipal.
Otra consideración realizada desde la comuna es que las comparativas que se realizan incorporan el año 2023 porque se trata del último año en el que se mantuvo activa la obra pública por parte del gobierno nacional, lo que permite tener un panorama más concreto y real de la caída que actualmente presenta el sector productivo. “Ya el 2024, con la actual gestión presidencial, la obra pública estuvo completamente paralizada” lamentaron.
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La caída de los despachos de cemento y su impacto en la recaudación
El freno de la obra pública y la caída de las ventas de cemento en el mercado interno no solo repercuten a nivel de la producción sino también en las arcas municipales.
Olavarría es uno de los más pujantes del interior de la provincia y dispone de un plus diferencial: la tasa por derecho de exploración de canteras.
Más conocido como “Impuesto a la piedra”, es un tributo que se le cobra a cementeras y caleras por los derechos a la extracción de esos recursos no renovables – alícuota equivalente al 3% del precio de venta en fábrica del cemento o cal hidratada-.
Históricamente, esos recursos no podían ser utilizados en gastos corrientes – solo asignados a obras- y ha sido objeto de discusiones políticas ante eventuales incumplimientos de un acuerdo tácito.
