El escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sumó esta mañana del lunes un nuevo capítulo que sacude tanto a la política como al mundo empresarial.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, por los delitos de desobediencia y encubrimiento.
La acusación central sostiene que habría alertado a Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, sobre el operativo policial que lo buscaba, facilitando así su huida.
Un procesamiento con peso
La medida judicial contra De Vincentis marca un punto de inflexión en la causa. Hasta hace pocas semanas, el jefe de seguridad había sido citado a indagatoria y negó de manera tajante haber advertido a la familia Kovalivker sobre los allanamientos.
Incluso declaró que él mismo intentaba obtener información para entender qué ocurría en los barrios de Nordelta y sostuvo que había colaborado con la Policía de la Ciudad durante los operativos.
Sin embargo, las pruebas reunidas por la fiscalía y la propia decisión de Casanello terminaron derrumbando su defensa. El procesamiento implica que la Justicia considera acreditado que De Vincentis efectivamente actuó en connivencia con los investigados, alterando el curso de una investigación sensible que apunta a la connivencia entre funcionarios y empresarios en el manejo irregular de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los audios de Spagnuolo y las cajas de seguridad
La causa nació a partir de los llamados “audios de Spagnuolo”, las grabaciones que expusieron el entramado de favores y coimas que vinculan a empresarios, funcionarios del gobierno de Javier Milei y a su propia hermana Karina junto a operadores en el área de discapacidad.
En ese contexto, los Kovalivker, como dueños de la droguería Suizo Argentina, quedaron implicados en el centro de la escena.
Las sospechas sobre De Vincentis se dispararon cuando la Justicia determinó que Jonathan Kovalivker había logrado salir de Nordelta justo antes de que la policía allanara su domicilio.
Las cámaras de seguridad del country y los registros de acceso fueron parte clave de la investigación. Ante esa situación, Casanello no solo procesó al jefe de seguridad, sino que también dispuso el bloqueo de las cajas de seguridad de los principales implicados, con el objetivo de preservar pruebas y evitar movimientos de dinero o documentos comprometedores.
Una investigación en expansión
El procesamiento de De Vincentis no es un hecho aislado. Se enmarca en esta causa de dimensiones crecientes y derivaciones aún insospechadas que ya produjo múltiples allanamientos, citaciones y medidas de prueba.
La figura del jefe de seguridad de Nordelta aporta un condimento adicional: se trata de alguien que debía garantizar el orden y la legalidad en uno de los barrios privados más exclusivos del país, pero terminó acusado de haber jugado para el lado contrario.
De ahora en adelante, la investigación se concentrará en establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y en desentrañar hasta dónde llegaban las conexiones entre empresarios, los funcionarios libertarios y operadores políticos.
Lo que ya es seguro es que el caso golpea tanto a la política de un gobierno que venía supuestamente a luchar contra la corrupción, como también a la credibilidad del sector empresarial de peso, y lateralmente a la imagen de Nordelta, convertido ahora en escenario de maniobras que nada tienen que ver con la tranquilidad y el prestigio que suele vender, y de la que la mitología popular descree, situando esa zona del norte del conurbano bonaerense como un refugio de millonarios ligados a los manejos económicos más turbios del país.
