La nueva Resolución General 1091 de la Comisión Nacional de Valores(CNV) expande el acceso de menores de edad al mercado de capitales y expone, una vez más, la lógica que atraviesa al gobierno libertario de Javier Milei: apertura irrestricta, desregulación acelerada y una confianza casi dogmática en que el mercado puede, por sí solo, reemplazar cualquier tipo de contención o formación estatal.
A partir de esta medida, adolescentes desde los 13 años pueden invertir no solo en los Fondos Comunes de Inversión “Money Market”, como ocurría desde la RG 977 de 2023, sino también en una gama mucho más amplia de FCI Abiertos.
Se trata de instrumentos con niveles de riesgo variables y estructuras más complejas, que requieren conocimientos que el Estado no garantizó ni mínima ni formalmente en la educación pública. Sin embargo, la CNV decide avanzar como si ese vacío no existiera.
Educación financiera es la frase “excusa”
El discurso oficial, encabezado por el presidente de la CNV, Roberto Silva, insiste en presentar la iniciativa como un avance en “educación financiera”, “autonomía progresiva” y “hábitos responsables”.
La retórica, cuidadosamente construida, omite un hecho fundamental: la Argentina no cuenta con una política educativa seria, sistemática y universal de formación financiera en la escuela.
La medida, en consecuencia, aparece desligada de un marco pedagógico real y encaja con mayor precisión en la lógica de ampliación del mercado antes que en una política pública orientada al bienestar.
El gobierno libertario sostiene una mirada que confía en la autorregulación y en la responsabilidad individual, incluso cuando se trata de menores de edad. La apertura temprana al sistema financiero se presenta como un gesto modernizador, pero se implementa sin un esquema estatal de acompañamiento que permita comprender riesgos, volatilidades, instrumentos y posibles pérdidas.
La idefensión es total
La CNV asegura que habrá supervisión adulta y resguardos normativos. Pero esa supervisión recae exclusivamente en las familias y no en un sistema educativo que debería, por obligación, preparar a los jóvenes antes de habilitarlos a intervenir en un mercado históricamente desigual, especulativo y altamente inestable.
La RG 1091 se suma a la RG 1023, que había permitido la apertura de subcuentas comitentes desde los 13 años. Juntas conforman un marco que incentiva el ingreso de menores a un circuito financiero que ve en los adolescentes un nuevo segmento disponible, aun sin haber construido previamente las herramientas necesarias para que puedan decidir con conocimiento.
Mientras tanto, los agentes de liquidación y colocadores de fondos celebran la expansión del universo de potenciales inversores, en un contexto donde el Estado renuncia a su rol formativo para adoptar, sin matices, la lógica del mercado.
Las restricciones existentes (como la prohibición de invertir en FCI Cerrados y en fondos exclusivos para inversores calificados) no alcanzan para compensar la ausencia de una política educativa que permita comprender qué implica participar del sistema financiero.
Menos estado, más mercado
La medida, lejos de garantizar educación e inclusión, exhibe una decisión más alineada con la ampliación del negocio financiero que con la protección o el desarrollo integral de los adolescentes.
La apertura del mercado a menores de edad, sin una estructura estatal de formación que la acompañe, se convierte así en otra muestra del rumbo elegido por el gobierno de Javier Milei: menos Estado, más mercado, incluso cuando quienes quedan expuestos son quienes deberían recibir protección antes que incentivos a invertir.
En el discurso, se habla de futuro y responsabilidad; en la práctica, se avanza sin generar las condiciones mínimas para que ese futuro no dependa de la suerte o del entusiasmo del mercado por sumar nuevos jugadores cada vez más jóvenes.
