Sabrina Russo entró a la iglesia en marzo para pedir una oración por la salud de su madre. Enfermera, 46 años, buscaba consuelo espiritual. Lo encontró en el párroco de la zona sur de Pergamino, que al principio se mostró cercano y disponible. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en otra cosa. En junio ya eran pareja.
“Me decía que se había enamorado, que quería casarse conmigo y formar una familia”, contó Russo a Primera Plana. El sacerdote, de 53 años, llegó a tener las llaves de su casa. Pero el vínculo cambió de tono: celos, controles de teléfono, discusiones, maltrato. “Se puso obsesivo, me hostigaba, me agredía. No era la persona que yo había conocido”, relató.
Cuando la situación se volvió insostenible, Russo denunció violencia de género en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La fiscalía ordenó un allanamiento en la casa parroquial del barrio Santa Julia. Allí la policía encontró dos pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 y casi 200 municiones.
El sacerdote denunciado no es un desconocido. Se trata de Rodrigo Vázquez, excapellán militar de la diócesis castrense, que ya había estado en el centro de la polémica. En 2023 se viralizó un audio suyo en un grupo de WhatsApp donde cuestionaba al arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, elegido por el papa Francisco. Lo describía como “peronista, kirchnerista, recontra francisquista” y, además, “gay”. Vázquez acusaba al nuevo arzobispo de apoyar “al LGBT” y al “terrorismo”. Horas más tarde pidió disculpas, pero sus dichos fueron repudiados por referentes de organismos de derechos humanos, que los calificaron como un discurso de odio.
Vázquez había sido seminarista en San Isidro, hasta que lo expulsaron. Luego pasó al Seminario Castrense, donde fue ordenado. Durante años fue capellán militar, y su mirada sigue anclada en esa pertenencia: en el audio se refería a sus interlocutores como “camaradas”.
Hoy, además de esa trayectoria, carga con una causa por tenencia ilegal de armas de guerra y una denuncia por violencia de género. Mientras la Justicia intenta determinar el origen de las armas, Sabrina vive bajo custodia policial. “Me cuesta contarlo, pero me alivia. Quiero que sirva para que otras mujeres se animen a hablar. Porque nadie tiene que pasar por esto”, dijo en diálogo con Primera Plana.
