Desde la implementación de la Ley de etiquetado frontal, los octógonos negros se convirtieron en un faro de advertencia rápida para los consumidores, a simple vista se puede saber si un producto desborda de azúcares, sodio o grasas saturadas. Sin embargo, la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, enfrenta hoy su hora más crítica tras el reciente anuncio oficial que manifiesta la intención de derogarla.

El anuncio del Gobierno Nacional volvió a encender las alarmas en el sector sanitario y académico, instalando una discusión profunda sobre el rol regulador del Estado, el derecho a la información y los intereses económicos en juego. En esta oportunidad, científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se sumaron al debate defendiendo la efectividad de la política alimentaria.

Una respuesta a la epidemia silenciosa

La ley nació como un dique de contención ante una crisis de salud pública, la Lic. María Eugenia Golzi y la Dra. Nadia Florencia Nagai, investigadoras de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, explican que la norma fue impulsada para responder a la problemática concreta de una creciente epidemia de sobrepeso y obesidad. Las cifras de la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo son contundentes, el 61,6 por ciento de la población presenta exceso de peso -desglosado en un 36,3% de sobrepeso y un 25,3% de obesidad- esta realidad se vincula de forma directa con el auge en el consumo de productos ultraprocesados.

El consumo estos de alimentos de baja calidad nutricional es el principal acelerador de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), tales como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las cardiopatías.

Consenso académico

En esa misma línea, las licenciadas Ingrid Karpenko y Daiana Giuliano, docentes de la carrera de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, recuerdan que las afecciones cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el país. Para las especialistas, el etiquetado frontal es una herramienta indispensable que garantiza el acceso a información clara y comprensible.

“El objetivo de las advertencias frontales no es reemplazar la educación alimentaria, sino facilitar decisiones de compra en contextos cotidianos donde la lectura detallada de la tabla nutricional suele ser limitada por falta de tiempo o de comprensión técnica”, coinciden las expertas de la UNLP.

Los argumentos oficiales y la “letra chica” del mercado

Desde los sectores que impulsan la derogación se sostiene que los octógonos negros confunden al consumidor, que los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) son excesivamente estrictos, que la medida genera costos asfixiantes para la industria y que entorpece la armonización comercial con el Mercosur.

Además, desde el plano oficial se suele esgrimir el impacto económico negativo sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) debido a la obligatoriedad de rediseñar envases. No obstante, los defensores de la ley señalan que este proceso de adecuación ya fue realizado durante la implementación y que, en realidad, el argumento oculta una estructura de mercado altamente concentrada. Las empresas más afectadas por la regulación no son las economías regionales, sino las grandes corporaciones multinacionales de ultraprocesados, principales beneficiarias de una eventual marcha atrás.

Un sistema efectivo, pero perfectible

La evidencia local e internacional demuestra que el sistema funciona. Estudios en Chile y México —pioneros en la región— reflejan que el etiquetado agiliza la identificación de nutrientes críticos. En el plano doméstico, un estudio realizado por las investigadoras Malzoni y Secchi demostró que los octógonos tienen un impacto real y directo en el patrón de compra de los argentinos, reconfigurando las elecciones hacia opciones más conscientes.

Sin embargo, el ámbito científico reconoce que la norma tiene puntos que pueden optimizarse. El debate técnico se centra en el Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS, el cual calcula los límites basándose en el porcentaje de energía total (calorías) que aporta el nutriente y no en gramos por porción. Esta rigidez matemática suele provocar la llamada “fatiga de advertencia” ,productos muy diversos con la misma cantidad de sellos.

Golzi y Nagai sugieren que, en lugar de destruir la ley, una solución superadora sería actualizar el cálculo para lograr una mayor especificidad matemática. Esto resolvería los reclamos de pérdidas económicas injustificadas y facilitaría las rutas comerciales con el Mercosur, sin perder la transparencia ni la visibilidad de las advertencias.

¿Qué se pierde si se deroga la ley?

Para la Licenciada Karpenko, la propuesta del Gobierno no busca “mejorar” la legislación vigente, sino eliminar de raíz los pilares que resguardan a la población. De concretarse la derogación, el escenario implicaría, el fin de los octógonos negros y el regreso a las tablas nutricionales tradicionales (en letra pequeña y lenguaje técnico), las cuales —según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud— son comprendidas por menos del 15 por ciento de la población. En tanto, el desmantelamiento de los entornos escolares saludables, volviendo a exponer los colegios a las lógicas comerciales de la industria de alimentos y la quita de restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, permitiendo nuevamente el uso de personajes infantiles, animaciones y estrategias de marketing agresivas en productos nocivos.

El individuo frente a la góndola

En última instancia, la disputa excede lo estrictamente técnico y expone dos modelos de país contrapuestos, uno enfocado en la regulación sanitaria y la medicina preventiva, y otro basado en la desregulación económica y el libre mercado.

La perspectiva oficial plantea un escenario donde cada individuo debe elegir libremente su alimentación. Sin embargo, desde la academia advierten que la alimentación nunca es una decisión puramente individual, sino que está moldeada por el poder adquisitivo, la publicidad y el acceso desigual a la información. “Defender la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es defender el derecho a la salud. El etiquetado frontal no es una traba burocrática; es una herramienta de salud pública”, concluyen Karpenko y Giuliano. La ciencia pide perfeccionar la norma; el mercado, hacerla desaparecer. La decisión final marcará el rumbo sanitario de las próximas décadas.