El Gobierno nacional salió a advertir que el paro docente convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto deberá cumplir con la ley de reforma laboral que declara a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% durante las medidas de fuerza. Sin embargo, la aplicación de ese artículo está suspendida por una medida cautelar dictada por la Justicia laboral.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, en rechazo a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y por lo que definió como un proceso de “desfinanciamiento” del sistema educativo.
En la provincia de Buenos Aires, la medida contará con la adhesión de los principales gremios del sector, entre ellos el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). Además, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) anunció un paro de 48 horas para el lunes 3 y martes 4 de agosto.
Desde CTERA reclamaron la reapertura de la discusión salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de fondos educativos, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayor inversión en infraestructura escolar, conectividad, becas y programas socioeducativos.
La advertencia del Gobierno y la disputa por la reforma laboral
Ante la convocatoria gremial, el Ministerio de Capital Humano informó que se encuentra vigente la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación dentro de las actividades consideradas esenciales.
Según explicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el artículo 101 de la norma establece la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio durante una medida de fuerza y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones por las vías legales correspondientes.
“El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor”, señaló la dependencia nacional en un comunicado.
Pero la aplicación de ese artículo enfrenta un freno judicial. En abril, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió provisoriamente el punto de la reforma laboral que establecía a la docencia como servicio esencial y limitaba el alcance de las huelgas.
La resolución, firmada por el juez José Ramonet, respondió a una presentación realizada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que cuestionó la restricción al derecho de huelga. “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos”, sostuvo el sindicato tras conocerse el fallo.
Un nuevo conflicto entre Nación y los gremios
La disputa se suma al conflicto abierto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes por el financiamiento educativo. Los gremios sostienen que la administración de Javier Milei incumple con la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y redujo el envío de recursos a las provincias.
Desde el Ejecutivo, en cambio, plantean que las jurisdicciones deben garantizar la continuidad del servicio educativo y que la declaración de esencialidad busca evitar que los alumnos pierdan días de clase.
Con ese escenario, el paro del lunes pondrá nuevamente en tensión dos derechos en disputa: el reclamo sindical por mejores condiciones laborales y la obligación estatal de garantizar la prestación educativa.
